ENTRE RÍOS: declaración de la Unión Cívica Radical, finalizado su Congreso Partidario

[21/03/16] Texto completo de la Declaración de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, luego de finalizado su Congreso Partidario.

SITUACIÓN NACIONAL 

A 100 días del inicio del gobierno nacional de Cambiemos, el Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos considera necesario efectuar un balance y poner en perspectiva los retos y desafíos que tendrá que enfrentar de aquí en adelante. La estrategia política y electoral que derivó en la construcción del frente Cambiemos, del que la Unión Cívica Radical fue activo impulsor y protagonista, demostró ser la adecuada para lograr el objetivo básico que el escenario del 2015 reclamaba: evitar la continuidad del Frente para la Victoria en el poder y lograr de ese modo la alternancia en el gobierno y la restitución del equilibrio político en nuestro país. El esfuerzo comprometido y responsable de militantes, dirigentes y candidatos de la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho del país fue clave para el logro de aquel triunfo y no hubiera sido posible sin él. 

El radicalismo entendió que era hora de privilegiar los reclamos más legítimos de un sector mayoritario de la sociedad en pos de recuperar la República, aún a sabiendas que ello conllevaría a tener que declinar en muchos casos legítimos intereses partidarios o personales. El peso de la gravosa hipoteca dejada por 12 años de desgobierno del peronismo kirchnerista no puede dejar de exhibirse con total claridad a la sociedad argentina. Hemos heredado problemas de todo tipo, y consideramos necesario alertar acerca de la dimensión y la gravedad de tales déficits a la hora de analizar los aciertos y errores de la administración encabezada por el Presidente Macri al intentar solucionarlos. En el campo económico, a pesar del “viento de cola” que sopló durante buena parte de las gestiones kirchneristas de la mano de la recuperación de los precios de nuestros bienes exportables y la baja de las tasas de interés, nos dejaron un país con altísima inflación y déficit fiscal, que no aprovechó adecuadamente la mejor oportunidad de la historia para modificar en profundidad su estructura productiva. 

El atraso tarifario, la distorsión del mercado de cambios, la destrucción del INDEC, las trabas al sector agropecuario y agroindustrial, la desinversión en materia de infraestructura, el atraso tecnológico, el manejo irresponsable de la deuda externa, la falta de acceso al crédito y muchas otras cuestiones conspiraron para debilitar la economía argentina y postergar su desarrollo. En el campo social, más allá de cierta retórica grandilocuente vociferada por los aparatos oficiales de propaganda, la realidad indica que no se avanzó de manera significativa en términos de reducción de la pobreza y la indigencia, y hoy tenemos un país con una distribución del ingreso más desigual que en los ´90. La marginación social y las dificultades de los sectores más desposeídos para satisfacer derechos humanos básicos como el acceso al trabajo digno, la educación, la salud y la vivienda son evidentes. 
En materia de inseguridad y penetración del narcotráfico hemos involucionado de manera notable. 

En la esfera política tuvimos durante más de una década gobiernos que desplegaron un autoritarismo populista, clientelar y demagógico, que intentó hasta sus últimos días ocultar su verdadero rostro a través del bombardeo de un sistema de propaganda en medios públicos y privados con generoso y poco transparente financiamiento estatal. La voluntad de hegemonía política se evidenció en la falta de diálogo con la oposición, la descalificación sistemática de todo aquel que osara cuestionar el falaz relato oficial, la degradación del Congreso como ámbito de debate plural y construcción de acuerdos, la manipulación de la Justicia, y la deliberada destrucción del federalismo fiscal como método de disciplinamiento de gobernadores e intendentes. Todo ello en el marco de un escandaloso e inédito clima de corrupción y saqueo de recursos públicos como parte de una estrategia de construcción política y búsqueda de la eternización en el poder por parte de funcionarios y empresarios que no pueden bajo ningún punto de vista justificar el sideral aumento de sus patrimonios. No puede obviarse que el gobierno de Cambiemos debió comenzar a trabajar desde esta pesada herencia para encarar el enorme desafío de encarrilar a la Argentina en la senda de la reconstrucción de las instituciones republicanas y en la generación de condiciones económicas que permitan progresar de manera sostenida hacia una sociedad más justa y solidaria. 

Es por ello que valoramos los anuncios del Presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación vinculados con el objetivo de profesionalizar y transparentar el Estado al servicio de todos los ciudadanos, en especial de los que menos tienen. Consideramos imperioso avanzar de manera decidida y rápida en la concreción de algunos anuncios efectuados en esa oportunidad, dirigidos a recomponer el poder adquisitivo de los argentinos de menos recursos y comenzar a resolver las numerosas deudas sociales que dejó la anterior administración: devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria, actualización automática de los montos de jubilaciones y asignaciones familiares, acceso verdaderamente universal a la AUH, aumento del mínimo no imponible y corrección de las escalas del impuesto a las ganancias en los salarios, atención de los juicios jubilatorios y diseño de una respuesta sustentable al reclamo del 82% móvil, universalidad de la educación a partir de los 3 años, etc.. 

Muchas de estas propuestas vienen siendo objeto de iniciativas de legisladores de nuestro partido. Saludamos en especial el compromiso de llegar al fin del presente mandato presidencial con la concreción por ley del Ingreso Ciudadano a la Niñez como un derecho universal, y como antesala de un sistema integral de seguridad social basado en la noción del ingreso ciudadano, que nos permita construir una sociedad más equitativa y acorde con el ideal de la democracia social que siempre defendimos y defenderemos. Algunas medidas dolorosas pero inevitables que debieron tomarse para revertir desequilibrios que se acumularon de manera irresponsable en el pasado deberán no obstante tener como complemento acciones destinadas a morigerar sus efectos sobre los sectores más vulnerables de la población. A modo de ejemplo, dejar sin efecto los aumentos de las tarifas eléctricas en las zonas del país que no dispongan de red domiciliaria de provisión de gas natural, tal como ha sido propuesto por legisladores nacionales de la UCR. 

En el plano institucional, a 100 años del inicio del primer gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen, cuyo legado progresista y transformador reivindicamos con legítimo orgullo, consideramos también necesario avanzaren el camino de la reforma política y electoral, en pos de garantizar la transparencia y pureza de los comicios y jerarquizar los partidos políticos como actores insustituibles del sistema representativo. Creemos a su vez que es menester dar pasos concretos en pos de hacer efectivo el derecho al acceso a la información pública para transparentar la gestión, prevenir la corrupción y fomentar la posibilidad efectiva de la participación ciudadana. El reciente proyecto de ley de acceso a la información pública presentado por diputados nacionales de nuestro partido constituye un testimonio concreto de este compromiso. 

En lo atinente al federalismo, no podemos dejar de señalar que lo que no quiso hacer el kirchnerismo en 12 años lo deberá hacer el gobierno de Cambiemos en 4: restituir a las provincias de manera gradual y sostenible el 15% de la coparticipación que se destina a la ANSES y ya es una realidad concreta la eliminación de las retenciones a las economías regionales, recomponiendo de esta manera el federalismo fiscal y la autonomía de las provincias, en un marco de diálogo respetuoso y construcción común de un proyecto integral de desarrollo. Consideramos también, que estamos ante el peligro de cometer errores que podrían ser difíciles de reparar. Es el caso, por ejemplo, del decreto 267/2015 del Gobierno nacional en materia de comunicaciones, que ha abierto la puerta a una preocupante distorsión en el campo de los negocios de la provisión de servicios de radio y televisión. Hacemos nuestras en ese sentido las palabras del Presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral: “somos parte de un Gobierno al que apoyamos, pero sin dejar de decir lo que pensamos, porque esa es también nuestra función”.- 

SITUACIÓN PROVINCIAL 

Tras doce años de gobiernos surgidos del peronismo, 4 de Busti y 8 de Urribarri, ha quedado claramente demostrada, a pesar de la formidable oportunidad que significó el contexto internacional, la incapacidad de estas gestiones para administrar con transparencia y eficiencia el Estado provincial. Especialmente preocupante es el incontrolable déficit fiscal y el endeudamiento heredado de la gestión de Sergio Urribarri, producto de 8 años de manejo irresponsable y hasta temerario de las cuentas públicas provinciales. Este desgobierno de las finanzas ha tenido como consecuencia la generación de enormes dificultades para continuar con la ejecución de obras públicas que se encontraban en marcha, provocando en muchos casos la paralización de las mismas. 

El déficit crónico como producto de un desmedido aumento del gasto público, sin que ello implique mejores prestaciones a los ciudadanos, ha llevado a la necesidad de un creciente endeudamiento a tasas usurarias, incluso para solventar gastos corrientes. Al momento de la finalización del mandato se hizo incluso evidente que el gobierno provincial tenía serias dificultades para abonar los sueldos de la administración pública, circunstancia que desde la UCR veníamos denunciando reiteradamente. De no haber sido por los adelantos de coparticipación que se instrumentaron desde el gobierno nacional estas dificultades hubieran sido aún mayores en los primeros meses de la gestión del Gobernador Bordet. Condenamos el oportunismo hipócrita de reclamar que se cumpla de inmediato la restitución a las provincias del 15% de la ANSES por parte de quienes no lo hicieron, ni como gobernador ni como intendentes, en los últimos 8 años. 

Si el Gobernador Bordet considera que incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público si no reclamara lo que de todos modos el gobierno nacional se ha comprometido a reconocer, está tácitamente reconociendo que el Gobernador Urribarri incurrió en dicho incumplimiento, a pesar de la propuesta que hicieran diputados radicales en ese sentido durante su primer mandato. Consideramos injusto que todos los entrerrianos tengan que pagar la fiesta populista de Urribarri, con aumentos desmedidos de impuestos en una provincia que ya de por sí es una de las que mayor carga impositiva ejerce sobre sus ciudadanos y productores, afectando de esta manera la competitividad de nuestra economía y colocando a la provincia en una situación desventajosa en el contexto de la Región Centro y la Mesopotamia. 

Mientras el desmanejo del gobierno provincial se venía ocultando sistemáticamente a la ciudadanía, los hechos de corrupción se iban enquistando en el seno del poder, acompañando al descalabro financiero hechos ilícitos que además configuraban verdaderos “papelones” del gobernador Urribarri y algunos de sus funcionarios, entre tantos otros la presentación en Uganda de la fábrica de cosechadoras truchas financiada con fondos públicos, la cancelación fraudulenta de deudas millonarias de contribuyentes ante la ATER, la contratación directa – sin ningún tipo de licitación ni control – de la organización de eventos de la cumbre del Mercosur en la ciudad de Paraná, el financiamiento con fondos públicos del “sueño entrerriano” que incluyó hasta un parador en la costa atlántica, la contratación directa en innumerables oportunidades de publicidad oficial en diversos medios, el enriquecimiento desmedido del ex gobernador y sus familiares y la participación injustificada en sociedades de constitución por personas y en domicilios que resultan, por lo menos, sospechosos. 

Sin perjuicio de que el actual gobernador miró para el costado cuando se sucedían los hechos antes indicados, e incluso ponderaba sin sonrojarse al gobierno de su antecesor, creemos que es una obligación ineludible para el actual gobierno provincial el dar la información necesaria y precisa del real estado de situación en que se recibió la administración. Consideramos a su vez que el Sr. Gobernador debe dar muestras concretas de un compromiso en pos de transparentar la administración y luchar en serio contra la corrupción. No constituye un buen ejemplo en este sentido la obstinación en designar funcionarios acusados de conductas reñidas con la correcta administración de bienes públicos. Es a su vez imprescindible que el Poder Judicial actúe investigando y condenando a los culpables de hechos de corrupción que no deben quedar impunes. A pesar de haber transcurrido casi 8 años de la sanción de la reforma de la Constitución Provincial, muchos de los nuevos derechos e institutos incorporados al texto constitucional carecen de aplicación práctica como producto de la falta de voluntad política que el peronismo ha tenido tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. 

Constituyen asignaturas pendientes, entre otras, el garantizar el derecho al acceso a la información pública, la reglamentación de la publicidad oficial, el derecho a un ingreso mínimo (Art. 24), el Consejo Económico y Social, la designación del Defensor del Pueblo (a pesar de contar con la ley), el ente a cargo de la política ambiental, el fiscal anti-corrupción (art. 208), el régimen de comunas, etc.. El radicalismo ha presentado a través de sus legisladores numerosos proyectos tendientes a reglamentar y aplicar estos institutos, y aspiramos a que en el actual período se avance de manera significativa en este sentido. Al igual que en el ámbito nacional, consideramos necesario que los poderes del Estado, los partidos políticos, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil se involucren en un debate amplio que nos permita generar acuerdos en torno a una profunda reforma política y electoral. 

Nuestros bloques legislativos han presentado en los dos últimos períodos legislativos iniciativas en tal sentido, que ponemos a disposición de todos como aportes a la discusión de ideas. Los entrerrianos tenemos una provincia endeudada y quebrada, con un Estado ineficiente y opaco, que no presta como corresponde los servicios básicos que la ciudadanía demanda, con notorios déficits de infraestructura que dificultan que el aparato productivo se pueda insertar de manera competitiva en la región y en el mundo en la era de la información. La salud y la educación públicas evidencian una crisis estructural que hace que muchos entrerrianos deban buscar en el sector privado las respuestas que el Estado debería brindar, generando de esta manera una sociedad fragmentada y que condena a muchos ciudadanos a recibir prestaciones insuficientes, en lo que constituye una injusticia flagrante, incompatible con la sociedad solidaria con la que soñamos. 

Como en el escenario nacional, la inseguridad y la penetración del narcotráfico y sus vínculos mafiosos con el poder se han agravado de manera notoria. A diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, la constitución del Frente Cambiemos no alcanzó para lograr un cambio de signo político en el gobierno provincial, pero sí constituyó la herramienta electoral que permitió recomponer el equilibrio en la Legislatura y en muchos concejos deliberantes, así como recuperar numerosos municipios y comunas, en su mayoría gobernados por hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical, entre ellos la ciudad capital de la provincia. 

El cambio que no fue posible en el 2015 deberá serlo en 2019 y por ello exhortamos a los partidos políticos con los que construimos Cambiemos a consolidar esta experiencia frentista, sobre la base del respeto mutuo y el diálogo permanente, de manera que trabajando en el fortalecimiento del frente afrontemos el desafío electoral de las legislativas de 2.017 y de cambio de gobierno del 2019 asegurando un triunfo en ambas instancias.- Se observan algunas dificultades en este sentido, por lo menos por ahora, dificultades que no tienen que ver solamente con la falta absoluta de integración de dirigentes de nuestro partido en los distintos cargos que dependen del Gobierno Nacional en Entre Ríos, sino con la inexistencia de un espacio institucional donde se debata, se definan y se asuman las distintas tomas de decisiones políticas que se encuentran definiendo unilateralmente en nombre del frente. No emitimos juicio, y tampoco avalamos, la decisión de incorporar a cambiemos dirigentes del peronismo que no integran la coalición, pero si pretendemos ser parte del ámbito donde se planifican y se toman este tipo de decisiones.- 

Por ello exigimos concretamente la conformación de una mesa provincial de Cambiemos, que deberá ser integrada mayoritariamente por la UCR y el PRO, donde se definan las políticas y se tomen las decisiones hacia el interior del espacio y hacia la sociedad, y que hasta que ello no suceda se desista de avanzar unilateralmente en la toma de decisiones.- El radicalismo entrerriano debe aportar a la consolidación de Cambiemos desde su propia identidad y su propia historia, que reivindicamos con orgullo a 125 años de la fundación de nuestro partido. Convocamos por lo tanto a todos nuestros militantes y dirigentes a trabajar denodadamente en pos de la unidad, fortalecimiento, modernización y movilización de la Unión Cívica Radical. En todos los departamentos, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, en todas sus comunas y municipios, siendo oposición u oficialismo, los radicales seguimos teniendo el enorme desafío de construir una alternativa política que interprete los anhelos de los entrerrianos, para construir la provincia próspera, democrática, igualadora y libertaria que soñaron nuestros próceres.- 

Paraná, 19 de Marzo de 2016.