[13-4-15] El Senador Juan Carlos Marino presentó un proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre cuestiones referidas servicio de telefonía móvil. En días pasados se han hecho públicas distintas situaciones en que usuarios denunciaban modificaciones vinculadas a la facturación del servicio de Internet o en los planes de servicio existentes.

Algunos de esos reclamos referían que las empresas unilateralmente habrían dado de baja planes que incluían datos ilimitados para Internet, por otros restringidos, más costosos y sin dar aviso previo a los abonados.

A raíz de estas situaciones, la iniciativa busca indagar sobre la cantidad de reclamos que fueran recibidos por las empresas, cuál ha sido la demora en atender a dichos reclamos, cuántos de esos reclamos se resolvieron a favor de los usuarios y si han contemplado reintegros, reembolsos o resarcimientos y sus montos, en caso de haber correspondido.

Asimismo, Marino eleva la petición para conocer cuáles han sido los mecanismos de control implementados por el Estado Nacional sobre las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular, indagando si se han impuesto sanciones a las mismas en los años 2014 y 2015. En caso de ser así, indica que se especifique qué tipo de incumplimiento motivó cada una de ellas y en qué fecha se hicieron efectivas.

Marino explicó: “Con este proyecto queremos conocer qué se ha hecho desde el Estado para que los usuarios de telefonía celular cuenten con un servicio de calidad, acorde a lo que contratan y si interrupciones. En los últimos tiempos las empresas prestadoras han sido protagonistas de abusos contra sus usuarios, sin que ello haya merecido una sanción apropiada. En esta cuestión hay dos partes involucradas, empresas que no cumplen y un Estado que no hace cumplir”.

Las empresas han recurrido en algunos casos a la excusa de la implementación del servicio de 4G, es decir, internet móvil de mayor velocidad, para argumentar las modificaciones en los planes contratados. La realidad es que sólo una parte de los equipos, los más modernos, están en condiciones de contar con dicho servicio, razón por la cual la explicación no suena convincente. Aun eligiendo el ingenuo camino de creerla, la situación concretamente configura una clara violación de los derechos de los usuarios.

Los organismos que debieran bregar por la defensa de los usuarios poco ofrecen frente a estos atropellos: El sitio web de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se refiere a los hechos más no a posibles sanciones. En cuanto a la página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el caso es aun más desolador, no hay referencia a las malas nuevas.

“Resulta llamativa la falta de medidas que tiendan a proteger a los usuarios y mejorar los servicios de telefonía celular. Lejos de notar mejoras, el servicio cada vez es más deficiente, al punto que, mientras en algunos países ya se habla de 5G, en Argentina estamos pendientes de poder terminar una conversación telefónica sin que se corte. Por si esto fuera poco, las facturas se encarecen sin justificación. Las empresas deben mejorar y es el Estado quien debe exigirles estas mejoras” finalizó el riglense.

FUENTE:
SENADOUCR.GOV.AR