ENTRE RÍOS: la Multisectorial presentó demanda ante el Superior Tribunal de Justicia

[9-4-15] La Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó la demanda ante el Superior Tribunal de Justicia donde se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10.352 que habilita al Ejecutivo provincial a contraer un crédito por más de 430 millones de dólares para la construcción de dos acueductos en el noreste entrerriano. La multisectorial se reunió en la sede de AGMER Paraná, donde realizó una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la demanda que posteriormente llevaron a Tribunales.

La diputada María Emma Bargagna inició la conferencia de prensa explicando los puntos más importantes de la demanda: “le pedimos al Superior Tribunal de Justicia que declare la nulidad de la Ley, del Anexo I que es complementario y sustancial para comprenderla, y también la nulidad de todos los actos realizados en consecuencia de la vigencia de la norma”, precisó.

“Se trata de una deuda externa contraída para hacer una obra pública por contratación directa. Una obra que los entrerrianos no contamos entre nuestras prioridades, y lo que no han hecho los funcionarios es lo que estamos haciendo nosotros. Le estamos pidiendo a la Justicia que ponga las cosas en su lugar. Este atropello es el acto de corrupción más grande que ha sufrido la historia de la provincia, debe tener un límite y no puede prosperar”, afirmó la diputada.

“La ley autoriza a contraer deuda externa con un banco chino por 430 millones de dólares en concepto de capital, más los intereses, más otros 500 mil dólares en concepto de honorarios, más la aseguradora y otros gastos estipulados como pueden ser viáticos o gastos de funcionamiento. El sólo hecho de hacernos este ofrecimiento ya está generando costo para la provincia de Entre Ríos”. 

Hizo referencia a la posibilidad concreta de la creación de nuevos impuestos e incluso al incremento de los tributos provinciales actuales, y agregó que la normativa “estipula que el gobernador tiene un plazo de seis meses para impulsar nuevos impuestos, a lo que se debe sumar el canon de los frentistas y los costos de las expropiaciones. Esto condiciona no solo a los futuros gobiernos, sino que también a las futuras generaciones ya que se prevé que el pago de esta deuda se realizará hasta el año 2030 inclusive”.

“Los organismos de control no realizaron las observaciones correspondientes, y llama la atención que no se haya escuchado siquiera una fundamentación de parte del Ministerio de Economía y del Fiscal de Estado, que brillan por su ausencia en un endeudamiento de estas características”.

El Secretismo
“Además de los cuestionamientos económicos, legales e institucionales que venimos denunciando, la novedad que podemos destacar en este caso es el secretismo”, señaló la diputada al recordar que la normativa sancionada fue realizada a pedido de la presidencia de la Nación. “Nuestros funcionarios toman decisiones en secreto. La realización de estas acciones ya había sido comprometida por los funcionarios provinciales a través de la firma de convenios en noviembre de 2014.

Saqueo y destrucción de la producción
Por su parte, el economista y docente universitario, Luis Lafferriere advirtió que “este acuerdo abre las puertas a dos procesos muy peligrosos. Por un lado permite la contratación directa con una corporación, evitando la realización de un concurso de precios ni licitación pública, generando las mejores condiciones para posibles actos de corrupción; y en segundo punto, la apertura de este tipo de negociaciones permite el inicio de un proceso de saqueo y de destrucción de la producción de la provincia”.

“La intensión de este nuevo imperialismo chino es quedarse con las riquezas de aquellos países en donde sólo se pone el territorio, mientras que las maquinarias, las tecnologías e incluso los trabajadores llegan desde el exterior”, graficó... “Este acuerdo no se justifica desde ningún punto de vista. Ni desde lo legal, económico, ambiental, o social, ni mucho menos desde lo democrático, porque fue realizada de espaldas al pueblo”.

Defensa de la industria nacional y el trabajo argentino
A su turno, el diputado provincial de la UCR, Jorge Monge, aclaró que “no se trata de no estar de acuerdo con la vinculación de nuestro país con el mundo”. “Un país con un gobierno serio y que defienda el interés nacional debe tener como prioridad la defensa de la industria nacional, del trabajo argentino y la transferencia de tecnología en aquellos sectores donde no se tiene un desarrollo considerable”, y agregó que “en este acuerdo con China nada de eso se garantiza”.

“Nosotros estamos de acuerdo con el riego, pero no con la forma en la que aquí se intenta realizar, ocultando información solicitada y relacionada con los estudios de impacto ambiental”, señaló.

Por último, Monge recordó algunos pasajes de la sesión del pasado 21 de enero, y negó rotundamente que la sanción de la Ley sea un hito, tal como lo calificaron los legisladores del oficialismo. “Hito es el gasoducto, o la construcción del Túnel Subfluvial, que surgió de la voluntad de dos gobernadores que veían que las prioridades del gobierno nacional no tenían relación con lo que necesitaban sus provincias”, ejemplificó y agregó que” acá no hay ningún hito, y la motivación que llevó a la aprobación de este acuerdo pasó por quedar bien con la presidenta, que pudo llevar este acuerdo como un logro a su misión a China”.

La voz de las organizaciones
En representación de las fundación “M´biguá: Ciudadanía y Justicia”, Diego Rodríguez destacó que el pedido de declaración de insconstitucionalidad “es el que cuenta con mayor grado de legimitimidad activa que se haya visto”, y remarcó que “la multisectorial hoy cuenta con una demanda realizada por organizaciones que representan a diferentes actores de la sociedad civil que vienen de sectores del ambientalismo, la educación, la producción, los trabajadores y artistas”.

“Contamos con un colectivo muy amplio que plantea con claridad la cantidad de no observancia en los procedimientos institucionales que deben darse para tomar una decisión de este tipo”, concluyó.

LA DENUNCIA
La demanda fue presentada al mediodía de este miércoles en los Tribunales. Se trata de la presentación formal con el propósito que se declare la nulidad de la Ley 10.352, sancionada el 21 de enero pasado por los diputados provinciales y promulgada posteriormente por el Gobernador Sergio Urribarri.

Por dicha norma, se habilitó el otorgamiento directo de la obra de dos acueductos en el norte entrerriano a una empresa china y el endeudamiento con capitales chinos por más de 430 millones de dólares para su realización.

La Multisectorial está integrada por más de 65 adherentes de la provincia, donde confluyen organizaciones sociales, de productores rurales, gremiales, políticas y ambientales, además colegios profesionales, y ha venido trabajando durante dos meses en la demanda que finalmente será presentada al mediodía del próximo miércoles ante el Superior Tribunal de Justicia.

FUENTE:
FACEBOOK/JORGEMONGE