Imposturas habitacionales (II) y la realidad de "El sueño entrerriano" / Nota de opinión de José Artusi

En una columna anterior mostramos, en base a datos oficiales de las auditorías del FO.NA.VI. y de los programas federales de vivienda, las inconsistencias del relato impostor de la “década ganada”. 

Decíamos ahí que “un sector de las políticas públicas en el que las falacias del oficialismo se muestran particularmente endebles es el de los programas de vivienda”. Y evidenciaremos aquí que una de las provincias en las que ese discurso propagandístico contrasta violentamente con la realidad es la del “sueño entrerriano”, especialmente durante los 5 años comprendidos entre 2008 y 2012, año correspondiente a la última auditoría publicada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación Uno de los primeros datos que llama la atención es la falta absoluta de viviendas FO.NA.VI. terminadas durante 2011 y 2012. 

Nunca antes había sucedido algo así, desde que existe el FO.NA.VI.. Ambos “ceros” contrastan de manera notable con las 2.469 viviendas terminadas en 1988, la cifra más alta de la serie desde la recuperación de la democracia, pero también con las 1.353 del año 2000, en plena crisis de la convertibilidad, y aún con las 1.099 terminadas en 1982. 

Claro, a partir de 2003, como la propia auditoría recuerda, “el Estado Nacional financia con recursos de la Tesorería General de la Nación diversos Programas y Subprogramas con el objetivo de disminuir el déficit habitacional existente en el país, ejecutando una política habitacional activa a través de la ejecución de Programas Federales desarrollados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos”. El Poder Ejecutivo Nacional distribuye discrecionalmente estos recursos entre las provincias, a diferencia de las alícuotas del FO.NA.VI., estipuladas en la ley. 

Estos programas, denominados “federales”, de federales no tienen nada y son la más cruda expresión del centralismo y de la utilización de fondos nacionales como herramienta de dominación de gobernadores e intendentes. Aún así, sumando las escuálidas cifras de viviendas FO.NA.VI. y las de programas federales terminadas en los últimos años, estamos lejos de estar frente a una realidad que habilite a hablar de “sueño entrerriano” sin ruborizarse. 

En 2011 se terminaron sólo 166 viviendas de programas federales, y en 2012, 48. Hay que retroceder hasta 1976 para encontrar una producción física de viviendas inferior a la de 2012. En el quinquenio que va de 2008 a 2012 se terminaron (sumando FO.NA.VI. + programas federales) un total de 4.253 viviendas, o sea a un promedio de sólo 850 por año. Nuevamente las cifras contrastan de manera notable con las 1.525 viviendas por año terminadas entre 2004 y 2007, y aún con las 1.130 por año terminadas entre 2000 y 2003. Todo esto a pesar de los notables aumentos de la recaudación y las extraordinarias oportunidades que el contexto internacional brindó al país. Y con un crecimiento de la población entrerriana del 6,7% entre 2001 y 2010. Un panorama similar nos ofrecen las así denominadas “soluciones habitacionales”. 

Entre 2008 y 2012 se terminaron 1.096 unidades, a razón de 219 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, se finalizaron 3.836, un promedio de 959 por año, o sea 4 veces más. Volvamos ahora a los programas “federales”. 

Decíamos en nuestra anterior columna que “una rápida mirada a las planillas anexas del informe de auditoría mencionado muestra a las claras de qué manera estos recursos se utilizan para premiar o castigar según el color político de las administraciones provinciales”, y lo mostrábamos con números oficiales. Pero también queda al descubierto que supuestos favoritismos políticos no siempre se traducen efectivamente en el “federalismo de los recursos”, falacia a la que suele recurrir el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para ocultar la realidad de la crisis del federalismo fiscal. 

Entre Ríos recibió entre 2003 y 2012 un total de $ 571.002.824 en concepto de transferencias de programas federales de vivienda. Ese monto significa $ 461 / habitante (tomando las cifras del Censo 2010). Se encuentra dentro de las 8 jurisdicciones que menos recursos recibieron per cápita. 

En el otro extremo, La Pampa recibió $ 2.248 / habitante, La Rioja $ 2.088 / habitante, Santa Cruz $ 3.154 / habitante, y Tierra del Fuego $ 3.316 / habitante, o sea 7 veces más que Entre Ríos. Nos queda un consuelo, tonto por cierto. Santa Fe, Corrientes, San Luis y Córdoba fueron más discriminadas que Entre Ríos. Hasta ahora sólo mostramos cifras, que muestran que la “década ganada” y el “sueño entrerriano” son slogans propagandísticos que no logran ocultar la realidad. 

El informe de auditoría 2012, como los anteriores, también demuestra que – en general – las políticas públicas de vivienda tienen enormes déficits en materia urbanística, que contribuyen a generar lo que en un poster de la Federación Iberoamericana de Urbanistas se denomina la “NO CIUDAD”; “actuaciones fragmentadas, segregadas, alejadas y mal comunicadas del centro de la ciudad…, carentes de dotaciones y servicios”.

FUENTE:
JOSÉ A. ARTUSI