Contar con un Centro de Mediación, que se dedique específicamente a atender y resolver de manera pacífica los conflictos entre vecinos, es una alternativa que muchas localidades han estado barajando y de hecho, algunas de ellas lo han concretado. En el Departamento Paraná, a partir de la gestión del diputado Diego Lara, María Grande se convirtió en la primera ciudad en contar con este espacio, cuyos primeros resultados han sido satisfactorios.
En Crespo, en el ámbito del Concejo Deliberante Juvenil, alumnos de la Escuela Técnica desarrollaron años atrás una iniciativa de estas características, la que actualmente fue adaptada, reforzada y complementada por los concejales de la Unión Cívica Radical, Dra. Elina Ruda y Miguel Pusineri, quienes presentaron formalmente un proyecto de creación de un Centro de Mediación Comunitaria, cuyo funcionamiento dependería del Concejo Deliberante de Crespo.
Según el bosquejo de la normativa, se someterían a mediación cuestiones comunitarias, tales como “disputas referidas a medianeras, humedades, ruidos molestos, mascotas, entre otras cuestiones de convivencia; quedando excluidas causas penales y de derecho de familia, excepto cuestiones patrimoniales derivadas de estas o donde estén involucradas personas con discapacidad mental y menores de edad”.
Los ediles detallaron que “la medicación será de carácter voluntario, informal, confidencial, extrajudicial, con comunicación directa entre las partes involucradas (no se aceptarán representantes) y gratuitas, lo que implicaría que ningún vecino tendría que pagar costo alguno para tratar su problemática”.
La coordinación de dicho Centro estaría a cargo de un mediador, designado por el HCD, previo concurso público de oposición y antecedentes, para lo cual se integraría un Jurado de Concurso, con 3 especialistas en mediación comunitaria, con reconocimiento y experiencia a nivel nacional.
En el proyecto, Ruda y Pusineri propusieron que “para ser coordinador/a se requiera de acreditación en la formación en Mediación y en otros métodos de abordaje pacífico y colaborativo de conflictos”. Asimismo, especificaron que “quien resulte elegido/a deberá presentar declaración jurada ante las autoridades municipales antes de tomar posesión del cargo y por todo concepto, tendría una remuneración equivalente al 80% de la dieta de un concejal”. En la iniciativa se le asegura un ámbito físico equipado y un equipo de trabajo designado bajo su responsabilidad, cuyos cargos podrían ser cubiertos por personal de la planta permanente municipal. Los coordinadores tendrían un mandato de 5 años, pudiendo ser reelegidos por un solo mandato consecutivo; en tanto que durante su desempeño, le sería incompatible desarrollar cualquier otra actividad pública, salvo la docencia.
En cuanto a los mediadores, se conformaría un Registro, con profesionales que trabajen ad-honorem, tal como lo han establecido las localidades donde funcionan estos espacios.
A lo largo del proyecto se establece el mecanismo de trabajo a desarrollar, determinando el modo de citación de las partes, los plazos para la fijación de reuniones o audiencias, la modalidad de plasmado de los acuerdos arribados, el archivo de legajos, entre otras cuestiones.
La propuesta ya ha tomado estado parlamentario, por lo que en las venideras reuniones de comisión, podría ser debatida por los bloques que conforman el Cuerpo.
FUENTE:
ESTACIONPLUS.COM.AR
