La crisis de la educación ha llegado a un punto en que nuestro país no puede prescindir de consensos básicos para superarla.

El senador nacional Ángel Rozas UCR (Chaco) señala que “el actual conflicto docente revela la profundidad y extensión del fracaso educativo como un drama en la Argentina, que arrastra una declinación visible, con fuertes implicancias sociales”.

Esta dura realidad hace que impulse en un proyecto de ley “un acuerdo nacional por la educación, que involucre a partidos políticos, maestros y profesores, sindicatos docentes y al resto de la sociedad, para implementar los cambios necesarios, serios y profundos, que exigen dar prioridad a la educación como política de Estado”.

Las características amplias de esta propuesta del senador chaqueño tienen como objetivo “asegurar el cumplimiento de metas y estrategias compartidas, en el mediano y largo plazo, con el compromiso de que serán respetadas “gane quien gane” en 2015, porque comprometen un anhelo del conjunto de la ciudadanía en la transformación y mejoramiento de la educación como una necesidad de todos”. 

Rozas indica que “desde 2003 las escuelas primarias públicas han perdido alrededor de 210.000 alumnos, un 9%, mientras que las escuelas privadas aumentaron un 20%. No es casual que la educación pública sea observada por las familias como un espacio devaluado, sin mínimas garantías para dejar al cuidado de sus hijos. El caos educativo originado por la llamada Ley Federal de Educación echó por tierra los valores que sustentaron la tradición educativa argentina.”

“Desde el relato oficial –dice Rozas- se sostiene que ha sido posible mostrar mejoras en el sistema educativo actual sobre la base del aumento de la matrícula y la cobertura. Pero no ha asegurado ni la calidad educativa, ni aptitud en el empleo de herramientas para abordar la heterogeneidad de los alumnos y garantizar su permanencia y egreso. Las escuelas más pobres siguen siendo para los niños y niñas más pobres, de manera que la educación sigue siendo más pobre para los más vulnerables. ”.

La iniciativa del senador Rozas impulsa una legislación que:

1.-Establece una clara diferenciación entre las funciones y responsabilidades del Estado nacional y las Provincias;

2.- Reconstruir los mecanismos de recolección, análisis y publicación de la información sobre el estado y la calidad de la educación pública;

3.-Someter al Congreso una nueva ley de Educación Superior que promueva y asegure el laicismo, el pluralismo, la investigación y una mayor vinculación de la educación superior con la sociedad y el mundo del trabajo;

4.-Desarrollar un nuevo sistema nacional de formación docente; - Propiciar la participación regional y nacional en encuentros y foros para el análisis y propuestas de nuevas estrategias educativas;

5.- Asegurar la integración en el sistema internacional de evaluación;

6.- Integrar políticas de Estado, de diferentes áreas ministeriales y jurisdiccionales, para crear una nueva escuela secundaria;

7.-Acompañar los procesos de transformación y mejoramiento de la calidad educativa respetando el federalismo y las autonomías jurisdiccionales;

8.-Demandar la revisión de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación técnica y Formación Profesional, adecuándolas a los requerimientos del sistema democrático y a las proyecciones que surgen de la presente propuesta; 

9.-Refundar un canal cultural de TV abierta, sin proselitismo, cuyos programas se conozcan por anticipado, para uso pedagógico y revisar las orientaciones vigentes de los medios de comunicación dependientes directamente del Estado nacional.

La convocatoria al Pacto Nacional Educativo estará a cargo de una Comisión Organizadora creada a tales afectos. (1)

Rozas afirma que ”la sociedad argentina aguarda que nos pongamos a trabajar con humildad y responsabilidad para superar la crisis educativa que vive el país”.

(1l) La Comisión estará presidida por el Ministro de Educación de la Nación e integrada por los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, los Ministros de Educación de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Secretarios y Subsecretarios del Ministerio de Educación de la Nación de la Nación y un representante de los Ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional designará una Comisión Honoraria de Asesoramiento integrada por personalidades del quehacer educativo, a propuesta de la Comisión Organizadora.

Las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación convocarán a audiencias públicas para promover la participación ciudadana, la consulta a expertos e interesados y la difusión de los proyectos parlamentarios y propuestas de políticas educativas, en cumplimiento a los objetivos de la presente ley, actuando en coordinación con la Comisión Organizadora creada por el artículo anterior.

Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a organizar en sus respectivas jurisdicciones educativas las actividades necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley.

FUENTE:
SENADOUCR.GOV.AR