“Fue el gobierno, con la complicidad del Congreso, quien vendió la empresa en los 90. Primero, mantuvo el control gerencial y luego la vendió de nuevo, pero esta vez perdiendo este control”, recordó la diputada Patricia Giménez (UCR – Mendoza), quien explicó que “el 2012 se decidió la expropiación, seguramente en el momento macroeconómico menos oportuno. Tengamos presente que esta misma gestión estaba a cargo entre 2004 y 2007, cuando la disponibilidad de recursos era muy importante. Es evidente que entonces comprar esta empresa no fue considerado prioritario”.
Giménez, vicepresidenta segunda de la Cámara baja, agregó que “sin embargo -y entre muchas otras cuestiones-, el artículo 15 de la ley 26741, mal llamada de expropiación, prevé que YPF seguirá funcionando como sociedad anónima, y cito: ´no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación´”.
“Para que quede claro: no vamos a tener más control que el que se puede tener sobre una empresa privada, porque YPF también es una empresa privada. Considero que en el camino emprendido para la recuperación del autoabastecimiento energético, quedan aún muchas cuestiones por revisar. Al observar el artículo 8 de la ley 26741, advertimos que el Estado nacional se queda con el 51 por ciento de las acciones y el 49 por ciento restante se las da a las provincias participantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.”, remarcó Patricia Giménez.
“De este 49 por ciento –continuó-, a mi provincia, Mendoza, le tocarían pagar unos U$S 500 millones de dólares, un 20% del total. La sindicación de acciones significa que el 49% que les corresponde a las provincias van a jugar en bloque como un solo paquete, lo cual le resta capacidad de decisión a cada provincia individualmente. Mendoza va a tener que pagar U$S 500 millones por su participación en YPF, pero no va a tener capacidad de decisión autónoma al respecto”
“Según se dijo. YPF era una empresa que estaba vaciada… Hoy la vamos a pagar a un precio que no sabemos si es justo o no porque la verdad es que las cuentas no están claras. Como el resto de los números en Argentina. Los vicios procedimentales son groseros y la falta de mirada reflexiva sobre el medio ambiente, y el pasivo ambiental es vergonzosa; hay una deficiencia en la información relativa a los pasivos ambientales, que ciertamente impide la valoración de muchos aspectos del convenio. Consideramos que la tarea desarrollada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en la valuación de YPF S.A. e YPF Gas S.A. es objetable técnicamente e ilegal en su procedimiento”, planteó la diputada.
“Desde nuestra perspectiva, el precio de YPF es simplemente el fruto de una negociación política: el mínimo precio que estaba dispuesto a recibir Repsol, y que vamos a pagar por generaciones los argentinos. No objetamos la decisión de pagar una compensación al expropiado, pero si la forma de negociación, negligencia ambiental del acuerdo y la negación de la apropiada investigación de las responsabilidades del Estado Nacional y de Repsol YPF S.A. ” concluyó Giménez.
FUENTE:
DIPUTADOS.UCR.ORG.AR
