ENTRE RÍOS: "No sólo las cuentas, también la conducta" Nota de Opinión de Mario Alarcón Muñiz

El Poder Ejecutivo provincial propone presidente del Tribunal de Cuentas violentando la Constitución. El asunto no está reglamentado, es cierto. Pero no haberlo hecho en seis años es responsabilidad de gobernantes y legisladores.

Nubarrones se pronostican sobre el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Es este un organismo silencioso, habitualmente alejado de los barullos políticos, ensimismado en el control de gastos e inversiones del estado. Vale decir en el manejo de los fondos públicos. 

Esa es su función. Se trata del dinero que pertenece a todos. Como ninguno de nosotros, los comunes, se puede ocupar de fiscalizar tales operaciones, lo hace el Tribunal de Cuentas para asegurar la transparencia de los números. Esa era la idea central que motivó su creación hace ochenta años. 

En razón de ello, la Constitución Provincial (art.213) le asegura autonomía orgánica y funcional. Es ajeno a los tres poderes del estado y revisa las cuentas de cada uno. Su independencia le permite ejercer el debido control de la administración. No aceptarlo o intentar interferir en esa tarea, equivale a violentar los principios democráticos y abrir las puertas de la sospecha sobre el manejo de los fondos públicos. 

Es lo que se está insinuando por estos días. No se visualiza una interferencia directa, pero es evidente que el Poder Ejecutivo procura avanzar sobre el órgano de control, proponiendo para presidirlo, no a un candidato alejado de los ajetreos políticos, sino a una persona de su absoluta confianza; ministro además. Lo grave del caso es que el probable progreso de la propuesta se llevará por delante la Constitución. 

Sólo un episodio grave
En los últimos veinte años el Tribunal de Cuentas ha funcionado sin demasiadas alteraciones. El hecho de mayor gravedad en su perjuicio ocurrió hace justamente ese tiempo, cuando en una actitud sin precedentes la Cámara de Diputados intervino el organismo. 

El gobernador lo sabe porque era diputado. Los legisladores no toleraban que el Tribunal de Cuentas investigara una compra de miles de cajas de alimentos que ellos habían dispuesto para distribuir por su cuenta con motivo de una interna justicialista primero y de una elección general después. El TdC entendió que se habían violado expresas normas de licitaciones y adjudicaciones. Hasta llegó a dudar de la distribución de las cajas. 

Los diputados cortaron por lo sano. Intervinieron el TdC. Una tarde a la siesta allanaron el organismo y secuestraron expedientes. Se dijo que muchos documentos desaparecieron. Entre ellos, curiosamente, se hizo humo -recuerdan en el TdC- un expediente relacionado con supuestas compras irregulares de medicamentos por parte de la obra social IOSPER, entonces intervenida. Era un millón de pesos (dólares en esa época).

Pagó las consecuencias el contador Morel, transitoriamente a cargo del TdC. El Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó y terminó la historia. 
Poco después se hizo cargo del organismo el abogado Hugo Molina, quien acaba de renunciar para acogerse a la jubilación. 

Sirve la vieja
El problema se plantea con la vacante. El gobernador olvidó que en 2008 fue reformada la Constitución y propuso a su ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, para presidir el TdC. Así era antes. Y hasta por allí nomás. La mayoría de los gobernantes optaba por personas no identificadas con la gestión. Era una cuestión ética insoslayable, aunque no estuviera escrita. Luego los nombrados continuaban, porque el puesto es vitalicio.

La nueva Carta Magna es más rigurosa. Establece (art.217) que el cargo debe ser sometido a concurso público ante un jurado designado por el PE que asegurará “la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública y de las entidades representativas de las profesiones exigidas” (abogado y contador). Del concurso surgirá una terna y de esta el PE presentará un nombre a consideración del Senado. 

El oficialismo alega que esa cláusula constitucional “no ha sido reglamentada”. Es cierto. Pero no es razón suficiente para derribarla. Hablamos de la Constitución, no del estatuto del club del barrio -que también debe ser respetado, dicho sea de paso. 

Si no se tratara de un asunto tan serio, tendría tono humorístico la novedosa argumentación del senador Ballestena, presidente de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales del Senado: “Como no hay ley reglamentaria, aplicaremos la Constitución vieja”, le explicó a un periodista. Fantástico. Asunto solucionado. ¿Para qué perder tiempo con la nueva Constitución, si tenemos la vieja? 

Lo peor es que ya lo hicieron en 2012 designando sin concurso al contador general Gioria y al tesorero Miraglio. Nadie chistó. Métale de nuevo. 

¿Quiénes son responsables?
Por otra parte, sería conveniente que el gobernador y sus legisladores repasaran la Constitución. Dispone (art.281) que la Legislatura “sancionará las leyes orgánicas y las reformas que fueren menester”, a raíz de los institutos creados o modificados por la nueva Carta Magna (caso TdC). “Si transcurriera más de un año…el PE quedará facultado para dictar con carácter provisorio los decretos reglamentarios” que correspondieren.

No hay vueltas. Han pasado seis años de la reforma y nadie se hace cargo de los asuntos no resueltos. Es más, hay quien aprovecha no haberlo hecho. La falta de reglamentación es atribuible a quienes deben intervenir y no han actuado por propia responsabilidad. 

La Legislatura se ha desentendido de esto. También de la reglamentación del acceso a la información pública, pero es un tema diferente. El PE mira para otro lado. O mejor para su banco de suplentes. Entonces propone a quien se investigará a si mismo por las cuentas del ministerio hasta ahora a su cargo. Y cuando deba investigar cuentas del Poder Judicial no podrá olvidar que su padre, el doctor Juan Ramón Smaldone, es vocal del Superior Tribunal de Justicia. 

Comienzan a correr los plazos. El pliego del candidato fue presentado el pasado lunes por el PE en el Senado. Hay diez días hábiles para adherir o impugnar a la persona propuesta. 

Cuestionó la designación el Frente Renovador. Ante el Superior Tribunal de Justicia impugnó el procedimiento el ex senador Arralde, quien también fue convencional constituyente. Ambas presentaciones exigen concurso público.

No es la primera cuestión grave acerca de estos temas. En 2009 el gobernador ignoró el concurso de juez en lo Civil y Comercial N° 9, de Paraná, realizado por el Consejo de la Magistratura y no envió al Senado el pliego del abogado Angel Moia, ganador del concurso. Ante esta omisión, pasado cierto tiempo, el Superior Tribunal designó a una abogada que había perdido el concurso. 

No es la mejor forma de resolver asuntos que nos interesan a todos.

FUENTE:
DIARIO EL DÍA DE GUALEGUAYCHÚ