El diputado nacional Manuel Garrido (UCR – Ciudad de Buenos Aires) y la legisladora de la Ciudad Graciela Ocaña (Confianza Pública), viajaron hoy a Uruguay para entrevistarse con la Jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos, quien tiene a su cargo el expediente en el que tramita la causa por de lavado de dinero en Uruguay por parte de Lázaro Báez.
Garrido y Ocaña presentaron una denuncia penal en Montevideo, Uruguay en abril de 2013 para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de activos por parte del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido, Lázaro Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadin, Federico Elaskar, y Fabián Rossi.
Garrido declaró que “nos entrevistamos con la Jueza De los Santos para conocer el estado de la causa por lavado de dinero en Uruguay como parte de la ruta del dinero de Lázaro Báez” y reveló que “la jueza nos informó que la causa está trabada a la espera de exhortos que fueron enviados a la Argentina en mayo del año pasado, los que tropezaron primero con objeciones formalistas y desde octubre no tuvieron ninguna respuesta”. “Todo indica que Cancillería está trabando el avance de la investigación sino no se entiende la demora injustificada en responder los requerimientos judiciales de Uruguay”, juzgó el diputado radical
Garrido y Ocaña pidieron ante la justicia uruguaya que se investigue si la venta del campo El Entrevero de José Ignacio podría enmarcarse en maniobras de lavado de dinero que implican a dirigentes políticos y empresarios vinculados con el kirchnerismo.
La propiedad fue comprada por US$ 14 millones por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario Lázaro Báez, que era socio y amigo personal del Ex Presidente Néstor Kirchner. Báez dirige un grupo dedicado al negocio de la construcción.
El boleto de reserva del campo de unas 150 hectáreas se firmó en diciembre de 2010 y la escritura definitiva de la propiedad a nombre de la sociedad anónima Jumey (que preside el contador Pérez Gadín) se realizó en agosto de 2011.
El avance de la causa judicial a cargo de la jueza De los Santos y el fiscal Juan Gómez depende de la información que aporten el juez federal argentino Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, quienes investigan una serie de negocios realizados por Báez en el país, explicó Garrido.
FUENTE:
DIPUTADOS.UCR.ORG.AR
