Leandro Despouy: Schoklender era el faraón del manejo del dinero público

El funcionario radical halló que $ 42 millones del plan Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo, fueron desviados. Y expuso el manejo discrecional del ministerio de De Vido.

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, dirigida por Leandro Despouy, sobre una auditoría al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, a cargo de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, reveló, entre otras irregularidades, que de 779 millones de pesos auditados (sobre un total de 1.295 millones que giró el Ministerio de Planificación Federal entre 2005 y 2011), 42 millones de pesos jamás ingresaron a la cuenta de la Fundación pese a ser ese su destino.

Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación, recibieron como beneficiarios más de 36 millones de pesos en cheques. “El informe confirmó la absoluta discrecionalidad y una falta de control con que se otorgaron fondos estatales. El Estado giró 1.300 millones de pesos a provincias y municipalidades, que fueron transferidos a personas que dispusieron libremente de esos fondos como no debe haber antecedente en el mundo. Si bien eran transferencias orgánicas a la Fundación (de Madres de Plaza de Mayo), Sergio Schoklender tenía un poder de disponibilidad único”, dijo Despouy en charla con este diario.

–¿Cómo circulaba ese dinero?
–Los cheques del Estado no ingresaban a la Fundación, sino que se negociaban con particulares que entregaban dinero, cash , y eso era lo que Sergio Schoklender disponía. Cuánto iban a las viviendas, cuánto a las empresas privadas o propias vinculadas o no a la construcción. Todo eso se pudo hacer durante años sin que el Estado se haya arrogado el derecho de mirar lo que era evidente. Se hizo con absoluto descaro, sin cuidar formas ni apariencias. Schoklender era un faraón del manejo del dinero público.

–¿Esas maniobras fraudulentas respondieron a un plan particular (de Schoklender) o a un móvil político?
–Puede haber muchas cosas. Está el uso político puramente clientelar de hacer casas de acuerdo con criterios de adjudicación no establecidos, arbitrarios. Las primeras denuncias no tuvieron ningún curso. La pelea de los dos hermanos (en 2011) agigantó el tema. La Justicia (el juez era Norberto Oyarbide) intervino de tal manera que se recolectó toda la información y la transformó en inaccesible. Dos años después, la Cámara Federal anuló todo lo actuado por el juez. Si no sale este informe, la causa se sepulta. El informe demuestra falencias gigantescas en el Estado, propias de un país que renunció a la legalidad y a controlar la transferencia de los fondos públicos.

–¿Es ingenuo pensar que Hebe de Bonafini estaba al margen del fraude y que fue estafada por los Schoklender?
–Dentro de lo que auditamos, no había cheques firmados por Madres. El noventa por ciento de los fondos de la Fundación eran de Sueños Compartidos. Vimos que quienes otorgaban los cheques siempre fueron las mismas personas: un Schoklender a favor del otro, un mismo contador, que era directivo de la Fundación como constructora. Cuando la Justicia investigue a los beneficiarios de esos cheques, va a descubrir que buena parte se trataba de empresas que nada tenían que ver con la construcción. Muchas son sociedades agropecuarias, en particular cerealeras (a las que se giraron 100,6 millones de pesos). También aparece una cooperativa (Agropecuarias Guaminí) negociando cheques con los Schoklender, que después financió el viaje de barras bravas a Sudáfrica. Con la información que hemos aportado, se va a poder establecer cuál es el nivel de compromiso de los participantes próximos o lejanos a la Fundación. Y también, la responsabilidad del Gobierno. Hay funcionarios que aparecen como beneficiarios de los cheques, los propios Schoklender aparecen como beneficiarios, todo eso va a poder determinar la Justicia.

–¿Cómo pudo fallar el control estatal?
–En parte, quizás, porque se utilizó una pantalla muy creíble, de gran prestigio, tan noble como son los derechos humanos o las Madres. La actividad de Schoklender no era clandestina. Compraba compañías con aviones. Tenía un manejo muy ostentoso de los fondos. Fue el gran gestor de fondos públicos que manejó como si fuese una caja privada. Como mínimo, hay responsabilidad de los funcionarios en los controles. Cuánto quedó en él y cuánto en los funcionarios que le otorgaron esos fondos, la Justicia lo tiene que determinar. Aquí no hay una operatoria tan sofisticada, aquí hubo un manejo descarado.

–Jorge Capitanich calificó de “poco riguroso” el informe…
–Me costó interpretarlo y me cuesta aún hoy. Es tan desbordante y original la operatoria que hasta las propias madres han reconocido que hubo estafas y desvíos de fondos fabulosos. Que un informe lo ponga de manifiesto y sea atacado por el jefe de Gabinete para su gestión en el Chaco… No puede decir que “la Auditoría es una herramienta de la oposición”. También auditamos Santiago del Estero, Rosario, Capital Federal, Tigre, Ezeiza. Si hay algo de plural, es la muestra. Capitanich sabe muy bien que el colegio de auditores está compuesto por siete auditores y cuatro son del oficialismo. Cómo habrá sido de desacertada su intervención que hasta auditores del oficialismo salieron a respaldar el informe (la referencia es a Oscar Lamberto, auditor por el oficialismo).

–Ahora el informe debe ser tratado por el Congreso (la llamada “comisión mixta” compuesta por diputados y senadores).
–Yo hubiese querido que el informe ya estuviese en la bicameral. Que no fuera yo el que esté hablando, sino los parlamentarios. Lo que espero es que la “mixta” se constituya y analice este informe. Hay elementos para sacar conclusiones muy importantes.

–¿Encontraron resistencias en el Estado para investigar?
–El Banco Central, por ejemplo, nunca nos dio información. Si hubiéramos quedado a merced de las autoridades, no hubiéramos podido hacer la auditoría. Las autoridades de Gobierno escatimaron información. Los bancos oficiales nos decían que los cheques de Schoklender eran cheques privados, y nosotros les decíamos que eran fondos públicos. “Pero no, son privados, el secreto bancario”, nos insistían. Sería importante que el Congreso lo tratara con prontitud y que no pase lo que ocurrió con los informes de TBA (la empresa privada a cargo del tren Sarmiento).

–¿Qué fue lo que pasó?
–La Justicia se sirvió de ese instrumento para investigar la tragedia de Once. (En octubre de 2012) me convocaron al Congreso. Pensé que era para discutir ese informe. La comisión mixta, en vez de tratarlo, me notificó que yo había dejado de ser auditor hacía dos años. Que era un auditor ilegal. Esa fue la respuesta del Parlamento al informe de la Auditoría sobre TBA. Todavía no lo ha tratado. Estamos en el segundo aniversario de la tragedia de Once.

–La auditoria a TBA reveló también falla en los controles estatales…
–Tiene similitud con el informe sobre Sueños Compartidos por el manejo de fondos fabulosos sin ningún tipo de control y otorgados con total discrecionalidad. El comportamiento de los funcionarios mostraba que recibían gratificaciones de las empresas a las cuales les otorgaban subsidios. Mientras más fondos entregaban, peor funcionaban los trenes.

FUENTE:
LAVOZ.COM.AR