La senadora por la Unión Cívica Radical de Mendoza Laura Montero presentó un proyecto de comunicación donde exige que el Gobierno Nacional explique al Congreso de la Nación y a los ciudadanos argentinos el contexto del acuerdo que se firmará con Repsol en el marco de la declaración de utilidad pública y expropiación de YPF, dispuesta por ley 26.741.

“Por medio de la prensa nos enteramos que existe un posible acuerdo con Repsol por YPF; el mismo permitiría compensar a la empresa española por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Yo fui una de las tantas legisladoras que aprobó la estatización, porque entendía que el Estado no se podía desentender de un tema central para el futuro de la Argentina. 

Y en aquél momento, pedí al oficialismo responsabilidad, seriedad y una mayor participación de las provincias; porque teníamos -y tenemos- un problema energético grave. Pues nada de esto sucedió y aparecen de la noche a la mañana con un preacuerdo. No asume el universo del oficialismo el valor de la palabra responsabilidad, se hace todo de manera disparatada y por esa razón no sabemos que se estará ratificando en las próximas horas”, sentenció Montero.

Laura Montero agregó que “todo lo que se dice es potencial. Habría un convenio preliminar, se fijaría el monto de la compensación con activos líquidos; se habría conversado en Buenos Aires con la participación de España, México y nuestro país; existiría un arreglo por unos 5.000 millones de dólares; se estaría barajando la posibilidad de que alguno de los expropiados acceda a derechos sobre Vaca Muerta. 

En fin, todo incierto, nada concreto y de las provincias, ni hablar, cero participación, Nos preocupa la legalidad y la transparencia de un proceso en el que se habla de acuerdos largamente millonarios, que ante todo deben ajustarse a lo que la ley Nacional de Expropiaciones prevé. No vemos claridad, ni fundamentos, ni transparencia en el accionar del Gobierno frente a los expropiados. Este accionar perjudica los intereses del Estado, pero sobre todo lastima a las provincias productoras y a los argentinos que pese a las promesas sigue padeciendo constantes aumentos de combustible”.

Sostuvo la senadora mendocina que “como es fundamental asegurar los derechos de los expropiados y sobre todo, del Estado Argentino y las provincias accionistas en YPF; es que presenté un proyecto de comunicación donde pido un detalle de las personas jurídicas o físicas que conforman el sujeto expropiado de la expropiación ordenada por ley Nº 26.741; queremos saber en qué estado se encuentra el trámite expropiatorio en los términos de la ley nacional de expropiaciones. Además, le pido al Gobierno un detalle de la valuación efectuada por el Tribunal de Tasaciones respecto de los bienes expropiados con indicación de cada uno de los rubros indemnizables y valor asignado a cada uno y la justificación. 

Queremos averiguar sobre las reuniones mantenidas con los representantes de los sujetos expropiados, con la remisión de las actas de donde surja el objeto, contenido, resultado y participantes de dichas reuniones o negociaciones, con la indicación de la norma precisa de la ley nacional de expropiaciones en la que se funda. Si desde la Argentina se hizo algún pedido, pues queremos ver las constancias documentales del mismo con sus fundamentos fácticos, económicos y legales y exigirles que de existir ofrecimientos formales de parte del Estado Argentino, respuesta formal y documentada de los expropiados. El Poder Ejecutivo debe rendir cuentas documentada de su accionar en este proceso y sobre todo debe justificar cualquier propuesta de indemnización que formule”.

FUENTE:
SENADOUCR.GOV.AR