Festejos de diferente color se realizan por estos días. No es para menos. Hoy se cumple el 30° aniversario del primer gobierno democrático de nuestra era. El pasado 13 de octubre en esta columna nos adelantamos al aproximarse los treinta años de la primera elección. Nos preguntábamos entonces, a la luz del tiempo transcurrido y de la experiencia acumulada, si no habría llegado el momento de repensar el sistema con la idea de perfeccionarlo.
Hemos cumplido en estas tres décadas. No se duda. Hemos votado con regularidad cada dos años para elegir autoridades y representantes nacionales, provinciales y municipales. Esto funciona. Pero no se agota en ese punto el ejercicio de la democracia.
La participación más directa del ciudadano en asuntos de interés público, es una cuenta pendiente del sistema. Cierto es que la Constitución de Entre Ríos (art.49 al 52) contempla la presentación popular de proyectos, el plebiscito sobre cuestiones de trascendencia provincial, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato, abriendo la puerta a un ejercicio más directo de la democracia. No obstante, ninguno de esos mecanismos tiene aplicación práctica salvo -de vez en cuando, aisladamente- las audiencias públicas.
Según se observa, a los dirigentes no parece interesarles demasiado que la gente meta la nariz en ciertos temas. El presupuesto, por ejemplo. A las escondidas es mejor. Este año hubo pedidos de participación por parte de la CTA y nadie escuchó nada. El agro quiere saber cómo será la política impositiva de 2014 y no le contestan.
De esa manera el sistema sólo les sirve a los intocables de arriba, que a la vez se las ingenian para continuar en el poder o en el cargo una elección tras otra y otra más. Si no se puede habrá un puesto o se lo inventarán o estarán la esposa o el hijo a disposición de la Patria.
Preocupantes signos de deterioro
A estas cosas tenemos la obligación de referirnos cuando celebramos treinta años de democracia. De igual modo es menester alertar acerca del deterioro institucional, político y social que estos días se ha advertido de manera preocupante.
El vicepresidente de la Nación cada vez más enredado en causas judiciales, representa un caso ilustrativo. Y no se ha dado por enterado. Ante una situación parecida (el negociado de El Palomar) en 1940, el diputado Guillot se suicidó y renunció el gabinete del presidente Ortiz. No se le pide a Boudou una decisión extrema, de ninguna manera, ni siquiera la renuncia, sino una simple licencia, un paso al costado hasta que todo se aclare, en salvaguarda de la calidad institucional que prometió la Presidenta cuando asumió el 10 de diciembre de 2007. Lo demás lo hará la Justicia.
Claro que para aclarar este y otros asuntos turbios, la Justicia necesita manos libres. Se duda tras otro caso de deterioro institucional ocurrido esta semana: la presión de la procuradora general Gils Carbó sobre el fiscal Campagnoli. “Casualmente” Campagnoli tiene a su cargo las denuncias contra el empresario Lázaro Báez, muy allegado al gobierno. Según pudo saberse, estaban avanzando las investigaciones de Campagnoli, cuando irrumpió Gils Carbó con un pedido de juicio político al fiscal. Ni siquiera guardan las formas. Un poco más de elegancia reclama la tribuna.
Tampoco el gobernador se caracteriza por su prolijidad. Él lo eligió al ministro Lauritto candidato a diputado nacional. El mismo Urribarri le pidió a Lauritto que renunciara a la banca y continuara al frente del Ministerio de Educación. Avanzó el gobernador y requirió otra renuncia en su lista, la de la maestra rural Fabiana Domínguez, para que su preferido, Lautaro Gervasoni, asumiera la banca. Así ocurrió. ¿Y el voto de la gente?
Por separado el gobernador aceptó la renuncia de la presidenta del Consejo General de Educación, Graciela Bar, pero le solicitó que continuara como asesora de la Legislatura. ¿Y la división de poderes? Bien, gracias.
Los valores alterados
Lo que ha sucedido -y está ocurriendo- con varias policías provinciales, en lugar de preocupar, alarma. Desde la tarde del martes y durante 18 horas, Córdoba estuvo a merced de bandas de delincuentes porque la policía se autoacuarteló en demanda de mejoras salariales. Seguramente es justo el reclamo. Pero no paga De la Sota los sueldos, sino la gente a la que dejaron expuesta al saqueo y la violencia.
El mandatario cordobés no se lució mucho que digamos. Interrumpió un viaje y solucionó el problema. ¿No pudo arreglarlo antes? ¿Tan deficientes son sus servicios de información que nadie se enteró de la revuelta policial con la debida anticipación?
Menos ayudó el gobierno nacional, haciéndose el desentendido. Es asunto de otro. Claro que no fue “de otro” la prevención de situaciones similares coordinada en buena hora con la provincia de Buenos Aires, ni el pronto auxilio a Catamarca y La Rioja, envueltas el último viernes en problemas como el de Córdoba, que afortunadamente no avanzaron tanto por la oportuna intervención nacional.
San Juan pidió ayuda a la Nación, ayer, porque sus policías están nerviosos. Hay reiteraciones de reclamos en Río Negro, Neuquén y Santa Fe.
Nadie desea que estas cosas sucedan. Pero están ocurriendo porque los valores se han alterado. La vida democrática no se reduce a votar cada dos años. De poco vale hacerlo si se prescinde del respeto por los demás; de asumir la función de cada uno sin interferir en la del semejante; de plantear demandas por carriles pacíficos sin molestar a terceros; de preservar principios éticos; de entender y practicar la igualdad ante la ley; de cancelar los privilegios; de anteponer el interés colectivo a las cuestiones personales; de dialogar con quienes piensan distinto; de tener en cuenta que “la disidencia enriquece”, según sostenían los revolucionarios franceses.
Se trata, en fin de avanzar hacia una democracia para todos.
Mario A. Muñiz
FUENTE:
DIARIO EL DÍA DE GUALEGUAYCHÚ
