La titular de la Convención Nacional de la UCR, Lilia Puig de Stubrin, le envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, en relación al tema del narcotráfico y la ausencia de políticas a fines. La misma dice textualmente:
En respuesta a la convocatoria a la acción contra el flagelo de la droga en nuestro país, me dirijo a Usted en mi carácter de presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR. Compartimos la misma inquietud, en razón de la cual hemos desarrollado desde los bloques parlamentarios iniciativas de distinto orden.
En marzo de este año una comitiva integrada por los diputados nacionales de la UCR Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Mario Fiad, Juan Pedro Tunessi, Miguel Giubergia, Luis Sacca, Bernardo Biella, y el presidente del Bloque de Senadores José Cano, visitó Salta y Jujuy. Allí mantuvieron entrevistas con funcionarios judiciales, gendarmes y vecinos. Estos manifestaron la ausencia total de políticas contra el narcotráfico en la zona siendo este uno de los territorios con mayor incidencia de esta clase de delitos.
La UCR preside desde 2011 la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, a través del diputado nacional Mario Fiad. En este período presentó junto a los diputados del partido dos proyectos de ley: Ley Nacional de Prevención, Asistencia, Rehabilitación y Reinserción Social y Laboral de Personas con Adicciones, por la cual se atiende el problema de salud pública y de integración social de los adictos, y Ley Integral de Lucha contra el Narcotráfico que incluye la radarización de las fronteras, control de aeródromos por la proliferación de pistas clandestinas, prohibición de desafectar a la fuerzas nacionales de seguridad como la Gendarmería y Prefectura de sus funciones de control de fronteras y de aguas jurisdiccionales, y la implementación de tribunales especiales en materia de narcotráfico. En este sentido, en 2004, representantes de nuestro partido solicitaron la creación del Juzgado Federal de la localidad de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, el cual -tal como lo señala la Corte Suprema de Justicia- se encuentra vacante por mora del gobierno.
También nuestros representantes han presentado en ambas Cámaras pedidos de informes nunca contestados en relación a: el origen de los fondos asociados al tráfico de efedrina en la campaña presidencial de 2007; acuerdos bilaterales en materia de cooperación internacional con el objeto de combatir el narcotráfico; la implementación del operativo Escudo Norte; y estadísticas en materia de criminalidad, entre otros proyectos.
Acompañamos el planteo de la Conferencia Episcopal Argentina y la preocupación ante este flagelo que ataca a la sociedad en su conjunto y a las familias en particular. El problema no es nuevo y está escondido por las complicidades de funcionarios políticos y miembros de las fuerzas de seguridad amparados en un estado debilitado por el clientelismo y la corrupción.
Vemos también como en los centros urbanos circula la droga que entra por las fronteras del norte de país y sale desde nuestros puertos y aeropuertos hacia el mundo con débiles o inexistentes controles de parte de las autoridades competentes. Nuestros jóvenes son víctimas predilectas de la acción de los narcotraficantes convirtiéndose muchos de ellos en soldados de los dealers.
El mal funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera y una normativa sumamente laxa sumado a las políticas de blanqueo fiscal, han facilitado la proliferación de capitales de dudosa procedencia promoviendo el lavado de dinero.
Adhiriendo al planteo formulado por la Comisión Episcopal Argentina comprometemos nuestros mejores esfuerzos para promover la confluencia de las fuerzas políticas y sociales para enfrentar el narcotráfico e impedir que se consolide su presencia en Argentina.
FUENTE:
UCR - COMITÉ NACIONAL
