Hay que garantizar el acceso al agua potable en el Código Civil y Comercial

En el día de ayer el Senado de la Nación con los votos del oficialismo y los senadores del peronismo disidente, aprobó la media sanción del proyecto de ley de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.

Dicho proyecto fue elaborado por una Comisión redactora integrada por los Doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci creada por medio del Decreto 191/2011 del Poder Ejecutivo Nacional.Una vez redactado el anteproyecto y entregado al Gobierno Nacional, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto con una serie de modificaciones.

Entre ellas, se eliminó el artículo 241 que establecía el Derecho fundamental de acceso al agua potable y en cuya redacción original se establecía que “todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. 

Frente a este cambio sustancial, desde distintas organizaciones políticas y sociales nos movilizamos en todo el país para reivindicar el anteproyecto que inteligentemente contemplaba este derecho y exigir a los Diputados y Senadores Nacionales de distintas bancadas políticas que no dejen pasar esta intencional omisión.

Nuestra posición se sustente en el hecho de que el agua, en tanto elemento esencial para la vida humana, dado que nuestro cuerpo está compuesto en un 70% por ese líquido vital, es un derecho humano. Ello no solo fue esgrimido por el propio kirchnerismo para fundamentar la estatización de Aguas Argentinas (hoy AySA) sino que fue reconocido en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta decisión del gobierno acompañada por los senadores oficialistas en la últimas cesión del senado sumada a las restricciones establecidas en materia de protección del derecho ambiental y los derechos de los pueblos originarios ,dejan en evidencia que este gobierno no solo no tiene nada de popular sino que tampoco tiene compromisos con los derechos humanos del Siglo XXI. 

Una vez más, al igual que lo acontecido con el veto a la ley de glaciares efectuado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner hace unos años atrás, el poder y las presiones de la compañías mineras y los grupo concentrados de la economía, le quebraron al gobierno la voluntad, claudicando en la defensa del ambiente y los derechos humanos.

Es por eso que esperamos que el accionar de los movimientos sociales y ambientales, el acompañamiento de los medios de comunicación, los militantes políticos de distintas ideologías y la participación ciudadana contribuyan a racionalizar el debate en la Cámara de Diputados y el año próximo se contemple en el nuevo Código Civil y Comercial el derecho de todos los habitantes a acceder al agua potable para fines vitales.

FUENTE:
JORGE CUELLO (Bs. As.)
Enviado a UCR-VIALE por Gustavo Barresi