La diputada nacional Patricia De Ferrari (UCR-Córdoba) acusó por la “inacción de los gobiernos provinciales y nacional” ante la crítica situación que atraviesan las comunidades originarias y expresó su consternación por las dos nuevas muertes de jóvenes de la comunidad QOM de Santa Fe y Chaco.
El pasado sábado un joven de 18 años, perteneciente a la comunidad QOM de Barrio Las Lomas, en la capital de Santa Fe fue herido con un disparo y murió luego de agonizar 18 horas. Tres días después, una adolescente de 15 años fue encontrada muerta y atada semidesnuda a un árbol en la localidad de en Quitilipi en la provincia del Chaco (Chaco), tras ser asesinada en circunstancias que aún se investigan.
“Venimos repitiendo hasta el cansancio que la situación es crítica. Enviamos tres notas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al de Seguridad y hasta llegamos a enviar una nota al Ministerio del Interior, pidiendo que se cumplan los protocolos de seguridad que ellos mismos elaboraron y no solamente no tenemos respuesta, sino que siguen repitiéndose estos violentos asesinatos de miembros de las comunidades originarias“, remarcó De Ferrari.
La legisladora aseguró que seguirá presionando para que “los poderes ejecutivos se hagan cargo de una buena vez de dar alguna contención a estos sectores absolutamente relegados”.
“El asesinato de Juana Emilia Gómez en Chaco está siendo investigado, pero por los primeros datos que se conocen la adolescente fue asesinada a golpes, atada a un árbol y se investiga si hubo abuso sexual. El lugar en el que vive la comunidad es un asentamiento pobre, relegado. No hace falta saber quién es el autor ni el motivo para decir que es un crimen aberrante y que la desprotección aumenta la desigualdad y la inseguridad de estos sectores“, afirmó la legisladora.
Del mismo modo se refirió a la muerte de Dulce Jesús Aranda, quien fue asesinado de un balazo luego de intervenir para ayudar a su primo, que estaba siendo agredido por un grupo de jóvenes del barrio. “Podemos seguir enumerando casos y el denominador común en cada situación es que las autoridades responsables no ofrecen respuestas ni asistencia a las víctimas de las agresiones, que muchas veces termina de la peor manera”, aseguró De Ferrari.
“Claramente estos no son simples hechos policiales. Son crímenes originados en la discriminación con los integrantes de las comunidades originarias, amparados por la impunidad con la que se manejan los agresores”, sentenció De Ferrari.
La diputada confirmó además que volverá a enviar una nota a las dependencias que corresponden. “Los funcionarios tienen una responsabilidad y si no la cumplen, amerita que den respuestas a la ciudadanía“, indicó.
FUENTE:
DIPUTADOS.UCR.ORG.AR
