Ante la reglamentación de la Ley de Declaraciones Juradas, que integró el paquete de leyes de la reforma judicial impulsada por el Gobierno, el diputado nacional Manuel Garrido (UCR – Capital Federal), opinó que “la nueva norma es un grave retroceso en la transparencia de los actos de gobierno, y nos hace bajar varios peldaños en la lucha contra la corrupción. Ahora los funcionarios van a tener más posibilidades de ocultar su patrimonio y sus negocios personales”.
Garrido recordó que, en su intervención en el debate en la Cámara de Diputados de esta reforma, había planteado que una de las pocas medidas de transparencia con las que se estaba cumpliendo en este país era con la presentación obligatoria de las Declaraciones Juradas de bienes de los funcionarios públicos.
“Este proyecto es un Caballo de Troya, porque le ponen nombre de transparencia, democratización y publicidad a un sistema que en la realidad va a recortar la publicidad del patrimonio de los funcionarios”, remarcó el legislador, quien agregó: “Quieren pasar de un sistema en el que los funcionarios debían dar el detalle de su patrimonio, sus ingresos, deudas e inversiones, a uno con menos nivel de detalle.”
“Al pedir que se complete un formulario de la AFIP, el nuevo proyecto no contempla el detalle de antecedentes laborales: el control sobre incompatibilidades o conflictos de intereses va a ser nulo”, advirtió y sostuvo: ““Al no incorporar los detalles del patrimonio del cónyuge o conviviente, no se podrá evaluar el incremento del patrimonio familiar. No será necesario incluir el detalle de lo que forman los activos patrimoniales”.
“No están individualizadas las deudas comunes. Ni las razones por las que se contrajo esa deuda”, puntualizó Garrido, quien subrayó que “con este proyecto no se sabrá si los funcionarios reciben más de un sueldo, otros ingresos, o dividendos por parte de empresas o sociedades.”
“Es verdad que el sistema anterior de presentación de Declaraciones Juradas podía mejorarse. Pero lo que se ha hecho es restringir la publicidad del patrimonio de los funcionarios de los tres poderes”, sostuvo el diputado radical.
“Es vergonzoso que ni siquiera contemplan en el anexo reservado incluir bienes muebles registrables como autos, barcos o aviones. Tampoco incluye deudas, créditos, títulos, acciones o fondos comunes de inversión, ni participación en sociedades. De esta manera será imposible demostrar el enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario”, detalló.
“Lo insólito es que los trabajadores comunes cada vez tienen más exigencias para hacer declaraciones juradas, y a partir de ahora, el que sea funcionario público estará amparado para ocultar sus bienes y sus negocios”, concluyó Garrido.
FUENTE:
DIPUTADOS.UCR.ORG.AR
