El jefe del bloque radical en el Senado, José Cano, celebró la decisión del juez Claudio Bonadío por procesar con prisión preventiva al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, debido a una defraudación contra las arcas públicas que implican un monto de dos millones de pesos. 

Se trata de un sobreprecio en el presupuesto de una obra pública anunciada por el ex funcionario en 2004 que se proponía ampliar el tendido ferroviario del Belgrano Cargas desde San Miguel de Tucumán a la ciudad de Concepción. "La Justicia tiene sus tiempos, pero al final llega para todos", determinó.

En este marco, cabe señalar que Cano realizó dos presentaciones ante el magistrado donde denunció la no ejecución de la obra, a pesar del dinero otorgado, así como el silencio cómplice del jefe de Gabinete cuando le planteó el caso durante su concurrencia al Senado de la Nación. "La obra no se hizo. Así, lisa y llanamente, se robaron más de 8 millones de pesos", acusó en esa oportunidad el radical.

En su declaración, el legislador explica una severa contradicción de parte de dos organismos estatales en cuanto a la ejecución de la obra, surgida en el informe firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, durante su concurrencia al Parlamento el año pasado. Por un lado, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había certificado el año pasado que el tendido ferroviario había sido realizado en un 99,72%, mientras que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario argumentó que la obra "exigía para su concreción la solución de ciertos problemas de carácter local" que implicaba la relocalización de los asentamientos lindantes a las villas.

Al respecto, Cano señaló: "Si esos asentamientos existían ya al momento de aprobarse las obras de rehabilitación y retendido del plano ferroviario en cuestión, resulta una consecuencia lógica colegir que tienen que haberse aprobado los presupuestos tendientes a permitir tal relocalización". El senador explicó que debido a las consecuentes trabas en el acceso de información pública sólo se pueden hacer especulaciones, pero lo cierto es que esta operación también implicaría dinero para un programa de relocalización. "Jaime debe presentarse ante la Justicia y responder por sus crímenes que implica el robo de fondos públicos, de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Hay que ponerle fin a la década impune", finalizó.

FUENTE:
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