Los titulares de los Bloques legislativos de la UCR, diputado Ricardo Gil Lavedra y senador José Cano, junto a los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y los diputados Manuel Garrido y Enrique Vaquié, presentaron una denuncia contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y el interventor de la CNRT, Ariel Franetovich, por fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionarios públicos en la compra de material ferroviario a España y Portugal.

“Argentina se está transformando en un carísimo basurero ferroviario”, imputaron los radicales en la demanda penal que tramita ante el juzgado en lo criminal y correccional N°10, a cargo de Julián Ercolini, por irregularidades en el Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional y los Tratados y Acuerdos Internacionales con España y Portugal por 200 millones de euros.

Los radicales sustentan su denuncia en el informe 203/2012 de la Auditoría General de la Nación (AGN), que efectuó la verificación de la gestión y control de los procedimientos de compra de vagones para afectar al servicio de transporte ferroviario, entre 2004 y 2010, y su posterior administración en el ámbito de la Secretaría de Transporte.

Del análisis pormenorizado de la aplicación de los acuerdos internacionales, los denunciantes pudieron constatar graves inconsistencias en informes técnicos, económicos y financieros referidos a las compras de material rodante. “No existen análisis integrales sobre la razonabilidad y los procedimientos seguidos para su ejecución”, señalan los radicales.

Además, la denuncia detalla que más del 40% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio y con evidente estado de deterioro; que los contratos omitieron la obligatoriedad de actas de entrega y recepción, como recaudo del pago; que los servicios jurídicos permanentes de los distintos ámbitos del Estado no han tenido intervención en la firma de los acuerdos; y que se han abonado conceptos tales como “rehabilitación” y “dirección de obra y asistencia técnica” que no fueron ejecutados a la española Expansión Exterior SA, por € 1.043.641, a pesar de que el 100% de material adquirido se encontraba todavía sin rehabilitar depositado en talleres ferroviarios nacionales.

“En síntesis, se advierte la falta de informes técnicos suficientes que justifiquen el precio del material adquirido, sobre todo por su condición de deterioro, falta de garantía e imposibilidad de puesta en servicio”, denuncian Cano, Morales, Sanz, Gil Lavedra, Garrido y Vaquié.

Advierten los legisladores que “se observa que las contrataciones y su correspondiente ejecución se realizaron dentro de un marco administrativo y procedimental con muy graves falencias, lo que genera la más alta presunción de que se compró material ferroviario que no serviría ni para desguace”. “La Argentina se está transformando en una basurero ferroviario pero pagando un costo muchas veces millonario”, agregaron.

FUENTE:
WWW.SENADOUCR.BOV.AR