LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EN ENTRE RÍOS, LA OPINIÓN DE JUAN C. ARRALDE

El presidente del Congreso de la UCR se pregunta “Cuánto y porqué debemos los entrerrianos”. Responde esa pregunta con un interesante repaso por los ocho años de gobierno radical y los 22 del peronismo.

Una de las polémicas más ardientes durante el gobierno radical de Sergio Montiel (1999-2003) fue la deuda que le había dejado la administración Busti. Y fue una polémica porque Sergio Montiel no informó ni publicitó a la ciudadanía el estado general de la Provincia que heredó el 10 de diciembre de 1.999. 

¿Omisión, oscuridades en el balance final o urgencias de gobierno que postergaban esa cuestión? No lo sabemos, pero más allá de los números, lo cierto es que el stock de la deuda entrerriana que heredó Montiel era tan pesado y a tan corto plazo que los vencimientos se sucedían con una frecuencia perversa para poder pagarlos y sin fuentes de financiamiento. Y el entonces BERSA retenía automáticamente de la coparticipación nacional, la deuda vencida por las obligaciones que el gobierno justicialista había contraído para –entre otras cosas- pagar salarios. 

La deuda estaba mayoritariamente tomada con bancos o en títulos públicos, en dólares y a corto plazo, y había sido contraída para refinanciar créditos anteriores o para pagar deuda flotante acumulada. Una combinación explosiva que –como se sabe- implosionó con la crisis del modelo Menem/Cavallo en 2001 del que De la Rúa no pudo, no quiso o no supo salir a tiempo. El gobierno de Montiel no sólo debió soportar las retenciones automáticas que los Bancos acreedores de Entre Ríos hacían mes a mes de las remesas de la Coparticipación, sino que padeció el hermético cierre del mercado de crédito. En buen romance, Entre Ríos no pudo acceder a crédito alguno desde 1999 y sí –en cambio- gobernar con una coparticipación limitada, retaceada y disminuida por el cobro de los créditos tomados durante el menemismo.

Los números oficiales muestran que Sergio Montiel hereda de la segunda gestión de Jorge Busti una deuda consolidada de 633 millones de dólares/pesos, la mayoría de la cual era proveniente de bancos, tomada en moneda extranjera y de títulos públicos emitidos por el gobierno de Jorge Busti. Esa misma deuda se incrementó por la devaluación del peso dispuesta por Duhalde y el fin de la Convertibilidad con la crisis del 2001 (recuérdese aquí que se pasó del 1 a 1 al 1 a 3 por el nuevo valor de dólar post-devaluación) más el rescate de la cuasimoneda provincial (el bono federal) y finalizó en 2003 en 2.409 millones de pesos cuando Jorge Busti retoma su tercer mandato y en diciembre de 2.007 le deja a Urribarri un Estado endeudado en 3.040 millones de pesos. Sobre finales de 2011 Urribarri había incrementado peligrosamente la deuda llegando a los 4.014 millones de pesos. Este es el tramo más sorprendente de crecimiento de la deuda pública que supera el 75% con relación a la gestión anterior. Se trata de la friolera de casi mil millones de pesos en apenas 4 años. 

¿Y dónde está el dinero? ¿Por qué se endeuda Entre Ríos y qué beneficio ha tenido endeudarse? 

En general los Estados se endeudan para modernizar su estructura, para hacer obras públicas, para financiar algún programa social o educativo… O para sostener el ritmo de algún gobierno flojo de recursos. Ahora bien ¿dónde están las inversiones que justificaron el excesivo endeudamiento de una provincia rica como Entre Ríos? ¿Qué inversión en infraestructura básica o productiva puede exhibir el Estado entrerriano? Nos animamos a hacer una lista tentativa: 
  • La construcción del gasoducto mesopotámico (red troncal). 
  • La construcción de nuevas escuelas.
  • La construcción de los 3 hospitales en Federal, Concordia y Concepción del Uruguay. 
  • El mejoramiento de la red vial, a través de la pavimentación de rutas o enripiado de caminos productivos. 
  • La renovación parcial de la flota automotor para la Policía de Entre Ríos y el Gobierno (recuérdese la compra de los Renault Mègane sobre finales de los 90). 
En Entre Ríos y en la segunda década infame que tuvo el país durante la gestión Menem se generalizó la tendencia a endeudarse para refinanciar pasivos (tomar más deuda para pagar deuda), se echó mano de la emisión de bonos y títulos y se recurrió al crédito bancario para pagar deuda flotante. 

Esta vía rápida para hacerse de dinero fresco estaba avalada por el Gobierno Nacional y era una suerte de sálvese quien pueda porque la lógica de la época era la eficiencia, el equilibrio de las cuentas publicas y el ajuste fiscal y así cada provincia debió apretarse el cinturón, achicar su Estado, flexibilizar y precarizar el empleo público y racionalizar el gasto. 

Recuérdese la célebre Ley 8.706 de Moine que pretendió dejar en la calle a 2.608 empleados públicos de planta permanente mediante el recurso de la supresión de empleos en el Presupuesto, la privatización y transferencia sin deudas del Banco de Entre Ríos por la vergonzosa suma de 11 millones de dólares, la venta de la Dirección de Telecomunicaciones, la modificación de la vieja Ley de Jubilaciones Nº 5.730 y su reemplazo por la 8.732 al igual que el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos Nº 5.654 ajustando los requisitos y las edades para obtener las jubilaciones y retiros. 

En el medio, la transferencia de todos los colegios secundarias, las escuelas técnicas y los establecimientos hospitalarios de la Nación sin ningún tipo de recursos con mas docentes, personal y edificios que atender y financiar. Sólo la caja de jubilaciones y pensiones se salvó de la fiebre privatizadora del menemismo entrerriano.

Podríamos sintetizarlo así: 
• El gobierno militar de facto que concluyó con Jorge Washington Ferreyra –último gobernador del régimen militar- dejó la provincia sin deuda y “con caja”, es decir, con recursos suficientes para iniciar sin sobresaltos la transición democrática. 

• En el período 1983/1987 Entre Ríos conoció una explosión de obra pública de la mano del primer gobernador de la democracia conseguida, Sergio Montiel. 

• Entre 1987/1995 la provincia tuvo que hacerse cargo y recibir institutos, escuelas y empleados por la transferencia educativa y de salud de la Nación, sin un solo centavo. 

• Entre 1995/1999 –ya cuando la Convertibilidad de Cavallo comenzaba a hacer agua- el justicialismo gobernó bajo un Régimen de Emergencia Económica y Financiera y tomó deuda bancaria y emitió títulos públicos para pagar salarios públicos. 

• Entre 1999/2003, el gobierno de la Alianza soportó las esquirlas de la explosión de la Convertibilidad y –crisis de gobernabilidad y bonos federales incluídos- y contrajo deuda con el Banco Nación para sostener créditos blandos que el FINVER le otorgó a productores y cooperativas en virtual quiebra mas lo que significó el Programa de Unificación Monetaria (PUM) o de rescate de cuasimonedas en 2003. Entre Ríos, además, participó del Programa de Canje de la Deuda por el que el Estado Nacional se transformó en el principal acreedor de la provincia, desplazando a bancos y tenedores de bonos y títulos públicos. 

• Entre 2003/2007 la Provincia adhirió a sucesivos Programas de Financiamiento Ordenado que le permitieron obtener oxígeno para reordenar las finanzas provinciales y atender la deuda flotante pendiente. El Gobierno de Kirchner auxilió a la provincia con financiamiento mas blando, pero la deuda continuó incrementándose. 

• Entre 2007/2011 Entre Ríos adhirió al Programa de Desendeudamiento de las Provincias ideado por el gobierno de Cristina, accediendo a una refinanciación a 20 años, sin ajuste por inflación más un 6% de interés anual: un verdadero alivio y virtual licuación de la deuda entrerriana. Pero la deuda pegó un salto cuantitativo en poco tiempo. 

La lógica del crecimiento de nuestra deuda tiene -asi- dos vectores: el crecimiento de las funciones del Estado y la asunción de los gobiernos provinciales de asuntos que antes solventaba la Nación, sumado al crecimiento de la población y la mayor demanda social y la irresponsabilidad en el uso desmedido del crédito público por parte de gestiones más preocupadas por el gobierno cotidiano que por el desarrollo provincial. 

No es menor un detalle: de 30 años de democracia en Entre Ríos, sólo 8 fueron gobernados por gestiones de la Unión Cívica Radical. Los 22 años restantes estuvieron (y están) bajo gestiones del peronismo con sus reciclados ropajes de justicialismo, menemismo, kirchnerismo. Las conclusiones solo las puede elaborar el lector.

FUENTE:
WWW.UCRER.ORG.AR