FRANJA MORADA: EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LA REPÚBLICA Y LA DEMOCRACIA

Declaración del espacio de Derecho y de la Mesa Nacional de la Franja Morada respecto a la Reforma Judicial que está llevando a cabo el Gobierno Nacional

El proyecto sobre Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo esconde el intento de eliminar la garantía constitucional de la independencia del Poder Judicial, violentando el sistema republicano, en detrimento de los ciudadanos, buscando suprimir las libertades de cada uno de los argentinos. Ya lo decía Joaquín V. González, “Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia…”, una administración de justicia sustentada en la igualdad e independiente del Poder Ejecutivo.

Nosotros, como estudiantes de Derecho, no podemos estar ajenos a una inminente reforma que modificaría de manera sustancial el sistema de justicia tal como lo conocemos.

El planteo de reforma propuesto consta de 6 proyectos que abarcan diferentes temáticas, algunas con las cuales encontramos coincidencias de pensamiento y otras, que por el contrario, nos resultan opuestas al sistema republicano de gobierno, consagrado por nuestra Constitución Nacional.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE LOS MAGISTRADOS
En cuanto a la presentación de declaraciones juradas por parte de los magistrados, nos parece muy acertado, ya que son funcionarios públicos y por lo tanto tienen el deber de rendir cuentas. Por otro lado, sin duda que avalamos el planteo de que los jueces paguen tributos como todos los simples mortales, ya que el impuesto a las ganancias se impone a todos los trabajadores, y por lo tanto esta reforma llevaría a un sistema impositivo más equitativo. 

Ahora bien, en ningún momento se ahonda en la naturaleza nefasta de este impuesto que no recae sobre las ganancias, sino sobre el salario (que no es ganancia). 

Entonces, si hilamos más fino podemos captar la direccionalidad real y las verdaderas intenciones del oficialismo; se trata sólo de un planteo oportunista que se queda en la puerta del problema, que se utiliza como bandera circunstancial y no lleva a ninguna democracia real. 

Y es que detrás de ésta problemática se esconde una gran desigualdad social, producto del incremento de los bajos salarios, la precarización laboral y el trabajo en negro.

INGRESO AL PODER JUDICIAL
Estamos de acuerdo con el proyecto que establece el ingreso al sistema de justicia a través de concursos de idoneidad, en el caso de los cargos que no requieren formación letrada, y concursos de oposición y antecedentes para los cargos letrados.

PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS
Tiene su correlato con la necesidad de dar publicidad a los actos de gobierno del Poder Ejecutivo y por lo tanto nos parece acertado llevarlo adelante.

MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO
Si bien estamos de acuerdo con la necesidad de que haya una regulación expresa, en el ámbito administrativo, del régimen de medidas cautelares, existen dos observaciones que pueden hacerse a este proyecto. 

En primer lugar, la determinación arbitraria del plazo máximo de vigencia de las medidas cautelares, establecidas en 6 meses en el caso de ser dictadas en un proceso ordinario o de 3 meses en el marco de un proceso sumarísimo o de amparo. 

Y por otro lado, es cuestionable el hecho de que exista una instancia previa a la concesión de la medida cautelar, consistente en un informe previo que determine la magnitud de la afectación al orden público, el cual es dictado por una autoridad de aplicación, de manera tal de que el Estado sería “juez y parte” en el proceso.

CREACIÓN DE 3 CÁMARAS DE CASACIÓN
Este proyecto versa sobre la creación de 3 nuevas cámaras de casación, que sumarían una nueva instancia al litigio, vulnerando así el principio de celeridad procesal, y por lo tanto, agregando un nuevo obstáculo al ya dificultoso acceso a la justicia. 

Agregar una nueva instancia, teniendo en cuenta la posible nueva composición del Consejo dela Magistratura que elegiria a los magistrados integrantes de esta nueva Cámara, significaría permitir la politización de la justicia en un avanzado estadío procesal.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Este es quizas uno de los puntos más rispidos en torno a la pretendida Reforma Judicial. Se trata de modificar el organismo que selecciona las ternas de candidatos a ocupar cargos judiciales que luego serán elegidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

La actual composición del Consejo de la Magistratura, a partir de la reforma del 2006 impulsada por CFK cuando era senadora, es de 13 consejeros: 3 jueces nacionales elegidos por sus colegas; 6 legisladores nacionales, 2 abogados designados por quienes posean la matrícula federal de esta profesión, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 representante “del ámbito académico y científico”. 

El proyecto presentado promueve el incremento en el número de consejeros que pasarían a ser 19 (contradiciendo así lo promovido hace tan sólo 7 años por la actual Presidente), todos elegidos por el pueblo de la Nación: 3 jueces nacionales y 2 abogados con matrícula federal, 6 representantes de los “ámbitos académicos o científicos de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente” y 6 legisladores nacionales y 1 representante del Poder Ejecutivo. 

Lo que nos resulta aberrante de éste punto, es que la elección de los consejeros sea siguiendo el régimen de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). De ese modo se estaría vulnerando de manera alevosa la independencia consagrada en la Constitución Nacional del Poder Judicial vinculando a los pretendidos miembros del Consejo a los partidos políticos que deseen proponerlos en sus boletas, tergiversando así el principio republicano indispensable para vivir en una sociedad democrática, cual es el de la independencia funcional de los 3 poderes del Estado.

Por supuesto que visualizamos la necesidad de una verdadera reforma judicial; una reforma que consagre un real acceso a la justicia y que democratice realmente el sistema judicial a través de la implementación del Juicio por Jurados.

ACCESO A LA JUSTICIA
Es un derecho fundamental que consiste en la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, para preservar o restablecer una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce sus derechos.

Creemos que para lograr una efectiva tutela judicial:
  • El Estado no debe interponer trabas a los ciudadanos a la hora de acudir al sistema judicial en busca de que sus derechos sean protegidos.
  • Los órganos jurisdiccionales deben garantizar su independencia e imparcialidad.
  • Se debe acabar con el excesivo formalismo y ritualismo procedimental, por el cual se rechazan distintas presentaciones procesales, sin trámite inicial alguno, aún cuando se hubiere cumplido con los requisitos fundamentales.
  • El proceso debe concluir en un plazo razonable.
  • La sentencia ejecutoriada debe ser ejecutada.

JUICIO POR JURADOS
Ya no se puede seguir sosteniendo un sistema judicial administrado íntegramente por magistrados profesionales y divorciado totalmente de la ciudadanía. Para democratizar verdaderamente la justicia, se debe instaurar el Juicio por Jurados, cumpliendo con la letra del art. 24 de la Constitución Nacional y permitiendo así la intervención directa del pueblo en los tribunales, participando en el ejercicio de la administración de justicia. Ante el descreimiento y la inseguridad jurídica reinante en el sistema de justicia, ésta sería una solución directa y necesaria de la vida democrática de los argentinos. Es una herramienta para evitar los abusos de poder, fundamentado en la soberanía popular y siempre garantizando el debido proceso.

Como futuros y actuales operados del Derecho, tamaña reforma no puede ser soslayada. Permitir el avasallamiento de las instituciones es un paso que no tiene retorno. Luchemos para garantizar una efectiva independencia de la Justicia del Poder Ejecutivo, y, también, especialmente, de los lobbies y corporaciones que representan al poder económico.

Espacio de Derecho de la Franja Morada y Mesa Nacional de la Franja Morada

FUENTE:
WWW.FRANJAMORADA.ORG.AR