El Diputado Nacional ricardo Gil Lavedra, mantuvo un diálogo con tres importantes medios de comunicación, quienes lo entrevistaron para que de su opinión sobre Videla, tras conocerse su muerte, aquí la transcripción de las notas correspondientes:

 Diario Clarín
La muerte de Jorge Rafael Videla nos retrotrae a los argentinos a un tiempo de violencia, irracionalidad, intolerancia y horror que quisimos dejar definitivamente a partir del 10 de diciembre de 1983.

Me cupo, como miembro de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares, observar a Videla durante el juicio. Ni entonces ni después mostró el menor arrepentimiento por el plan sistemático de exterminio de miles de personas, que reconoció hacia el final de su vida.

Esos juicios, que hoy nos resultan algo natural, eran casi inconcebibles en los primeros tiempos de la democracia. No sólo porque gran parte de los militares que habían deshonrado su deber todavía permanecían en actividad, sino porque el juzgamiento de la represión ilegal del Estado no era una demanda extendida en la sociedad. Tanto es así que el candidato justicialista, Italo Luder, había dicho que la ley de autoamnistía dictada en sus postrimerías por el gobierno de facto no sería anulada.

Fue, entonces, el coraje cívico y la visión de estadista de Raúl Alfonsín lo que permitió que se iniciaran los juicios, inéditos en la historia, porque fueron llevados adelante por los tribunales ordinarios, con pleno respeto del principio del juez natural y de todas las garantías del debido proceso.

Esos procesos fueron trascendentes por las condenas a las que se arribó, pero mucho más porque la sociedad argentina pudo conocer la verdad de una época trágica y los ciudadanos tomaron conciencia de la necesidad de mantenerse, aún en las circunstancias más duras, dentro del marco del Estado de Derecho. La tarea cumplida en tal sentido por la CONADEP, presidida por Ernesto Sábato, fue ejemplar y nos sirvió de un valioso antecedente para la investigación. Conocemos la deriva posterior: los desafíos a la democracia, las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos de Menem, la reparación económica de las víctimas y, por último, la elogiable reapertura de los juicios que permite cerrar este doloroso ciclo con verdad y justicia. Nos quedará pendiente la búsqueda de hasta el último de los nietos apropiados.

Pero, aún con toda la animadversión que su figura nos sigue produciendo, sería un error ubicar exclusivamente en Videla y en los demás miembros de las juntas militares las causas de la tragedia. Ellos fueron la manifestación última y más perversa de décadas de autoritarismo y de desprecio de la convivencia civilizada al amparo de la Constitución. Se consideró a los disidentes enemigos de la Patria. Debemos tener presente ese pasado ingrato, para no repetirlo.

Diario Tiempo Argentino
Tuve el honor de integrar la Cámara Federal que juzgó, por iniciativa del presidente Raúl Alfonsín, a las juntas militares. La Argentina era muy distinta entonces. Gran parte de la sociedad recién fue tomando conciencia del horror a través de esos juicios y de la encomiable labor de la CONADEP. Hasta ese momento, muchos argentinos creían que la acción del gobierno militar había sido correcta en el campo de la lucha antisubversiva. Hubo, sin dudas, una reprochable indiferencia de vastos sectores respecto del modo en que esa respuesta del Estado debía darse; pero también es cierto que la magnitud y la profundidad de las aberraciones ocurridas recién se conocieron –hasta para nosotros mismos– mientras se desarrollaban los procesos.

Los juicios tuvieron lugar a través de jueces naturales, no por comisiones especiales; y respetaron del modo más escrupuloso las garantías constitucionales. El resultado fue la acreditación de un plan sistemático de desaparición de personas orquestado por las autoridades de facto. La existencia de ese plan –que los jueces inferimos por multitud de indicios graves, precisos y concordantes– fue reconocida en los últimos años por Videla, en sus conversaciones con el periodista Ceferino Reato.

Videla encarnó lo peor de nuestro pasado. Lo mejor de nuestro futuro vendrá de la consolidación de los valores republicanos, de la justicia independiente, de la efectiva realización de los Derechos Humanos y de la convivencia civilizada en un clima de concordia, en el que las diferencias no nos separen sino que nos enriquezcan.

Diario Perfil
Hubiera sido un gobierno más fácil el de Raúl Alfonsín si, como lo creía necesario el Partido Justicialista, hubiera aceptado la autoamnistía dictada por la Junta Militar en 1983. No habría tenido enormes problemas como las rebeliones de los carapintadas, que no sólo pusieron en riesgo la estabilidad democrática sino que incidieron en favorecer un clima de incertidumbre que afectó también la economía.

Sólo ahora todos nos damos cuenta de que Alfonsín tenía razón. Esos problemas eran precios que la democracia debía pagar para erigirse sobre fundamentos éticos, sin los cuales era imposible que los argentinos recuperaran la confianza en sus instituciones. Porque si la tarea de juzgar y condenar a los responsables de la violencia irracional y salvaje era ardua, el éxito de la empresa habría de medirse especialmente por la toma de conciencia de la sociedad acerca de los desvaríos a los que puede llevar el abandono del Estado de derecho.

La muerte de Jorge Rafael Videla nos trae bruscamente a la memoria ese tiempo trágico. Videla murió creyendo que sus acciones habían estado plenamente justificadas, que había sido el adalid de una guerra santa, que a él, a Massera y a algunos otros les debíamos la democracia. El dolor de miles de familias que nunca supieron de sus seres queridos desaparecidos no lo conmovió como para rectificar su convicción atroz. 

Pero los Videlas no fueron parte de un ejército invasor, sino la culminación de un proceso de muchas décadas signado por el desprecio de la ley, que comenzó con la interrupción del orden constitucional el 6 de septiembre de 1930 y alcanzó su paroxismo con la supresión física, sin sometimiento a ningún tipo de juicio previo, de personas a las que las autoridades consideraban peligrosas.

Para evitar que esos hechos puedan repetirse es imprescindible consolidar el Estado de derecho, lo que significa que el Estado se subordina siempre al derecho, que no busca atajos. Afianzar la república es el mejor antídoto contra la violación de los derechos humanos.

FUENTE:
DIPUTADOS.UCR.ORG.AR