GIL LAVEDRA ANALIZA UN AVANCE SOBRE LA INDEPENDENCIA

Bajo el pomposo y ambiguo propósito de "democratizar" la justicia, la Presidenta de la Nación anunció el envío de seis proyectos de ley al Congreso. Tres de ellos -referidos a la transparencia y la publicidad de las causas, y al ingreso de empleados al Poder Judicial- merecen un debate sereno, porque los fines alegados son correctos, si bien la instrumentación es en algunos casos defectuosa.

Pero el corazón del paquete de reformas no se halla ahí, sino en los otros tres. Ellos desnudan claramente la intención del Poder Ejecutivo: avanzar sobre la independencia de los magistrados para gobernar con escasísimos límites y controles. Así, por ejemplo, se propone modificar nuevamente el Consejo de la Magistratura. Este órgano fue creado por la reforma constitucional de 1994 para despolitizar (parcialmente) la designación y la remoción de jueces. En 2006, a instancias de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, se lo redujo de 20 a 13 miembros, alegando la necesidad de reducir gastos y darle agilidad. En verdad, lo que se quiso fue disminuir la representación de abogados y jueces. Ahora se lo ampliará a 19 consejeros.

Se pretende que los representantes de jueces y abogados surjan también de elecciones en las que vote toda la ciudadanía, como si se tratara de listas partidarias. La inconstitucionalidad es manifiesta. No hace falta más que leer el artículo 114, C.N.: mal puede haber "representantes" de esos estamentos si los votan todos los electores. La modificación va en contra del objetivo de la reforma de 1994. Vuelve a politizar la selección y la remoción de los jueces. Si ese es el fin, deberían ser más sinceros y proponer una nueva reforma constitucional que suprima el Consejo de la Magistratura. Mientras ello no ocurra, este proyecto no supera el más elemental test de constitucionalidad.

También se proyecta la creación de tres cámaras de casación, como tribunales intermedios entre las cámaras actuales y la Corte Suprema. Insólitamente, se esgrimen razones de agilidad para justificar la iniciativa, cuando es evidente que con un tribunal más las causas van a ser más largas y los trámites más engorrosos. Además, en el caso de los fueros no federales con competencia en la Ciudad de Buenos Aires (hoy llamados "nacionales"), el proyecto es una afrenta a la autonomía porteña.

Finalmente, se procura limitar las medidas cautelares dictadas contra el Estado o fijarles un plazo de caducidad tan breve (6 meses) que les haga perder toda eficacia. Esto significa restringir derechos de los ciudadanos, ya que las medidas cautelares -que no son un invento argentino, sino que rigen universalmente y se conocen desde el derecho romano- permiten asegurar que no se frustren esos derechos cuando luego de un largo juicio resulte imposible hacerlos efectivos.

Son muchas las reformas que deben realizarse para facilitar el acceso a la justicia -sobre todo a los sectores más vulnerables-, mejorar los procedimientos, hacer más rápidos los juicios y dotarlos de transparencia y confiabilidad. Pero el paquete anunciado no democratiza nada. Más bien, tiende a eliminar todo resto de independencia en el Poder Judicial, para que el Poder Ejecutivo carezca de frenos y contrapesos, y para que la impunidad siga siendo la regla para los funcionarios corruptos.

FUENTE:
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