El diputado provincial, Antonio Julián Rubio (UCR-Gualeguay), dialogó ayer nuevamente con el titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casareto, en relación a elevado aumento del impuesto inmobiliario "que han significado cifras exorbitantes y desproporcionadas en muchos casos", según explicó el propio legislador.

Rubio fue informado por el funcionario provincial en relación al nuevo decreto por el que se limitó el incremento dispuesto para las parcelas urbanas para las juntas de Gobierno, que estará a disposición de los contribuyentes el día 25 con único vencimiento el día 28, "pero no hay ninguna novedad en cuanto a los inmuebles sub rurales, muchos de cuyos propietarios han manifestado sus quejas por el tenor de los aumentos", dijo el diputado de la UCR.

Y agregó: "Hay muchos casos donde, a título de ejemplo en Gualeguay, los aumentos del impuesto anual han pasado de los 150 a los 3.000 pesos o de 300 a 7.000 pesos de un año a otro, de allí que es más que lógico el reclamo de los vecinos, que nosotros le hemos trasladado al contador Casareto", enfatizó.

Según Rubio "el gobierno de Sergio Urribarri ataca al bolsillo de los contribuyentes y en especial de los pequeños y medianos productores de nuestra provincia, en una actitud meramente recaudatoria sin medir el daño económico que le producen a uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía regional".

OTRO RECLAMO:
En otro orden, el diputado Rubio le pidió al secretario de Energía, Raúl Arroyo que se revea la situación que se ha dado con la Empresa de Energía de Entre Ríos (ENERSA), en cuanto al tendido de redes para los nuevos lotes destinados a la construcción de viviendas.

"Este tema también es un despropósito ya que se traslada a los vecinos, el costo del tendido de líneas para los nuevos barrios o nuevas viviendas", dijo el diputado de la UCR, en referencia a la aplicación del decreto 734 del año pasado, que establece el nuevo reglamento para la prestación de servicios de Enersa.

Para el legislador, "resulta absolutamente contradictorio que un gobierno que se precie de nacional y popular, permita y avale la empresa no se haga cargo y que cada vecino deba solventar los elevados costos que demanda la instalación del sistema para sus viviendas", concluyó.-

FUENTE:
REYNALDO MARTÍNEZ GIMÉNEZ