“Desde fines del año pasado, hemos exigido en reiteradas oportunidades explicaciones al Gobierno Nacional sobre las numerosas irregularidades que se registraron en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone. Reclamamos de todas las formas posibles: realizamos más de una docena de pedidos de informes, formulamos denuncias ante la Unidad de Información Financiera, solicitamos la presencia de los funcionarios intervinientes y resaltamos los presuntos vínculos entre los directores de las compañías que se han hecho cargo de la situación y el Sr. Vicepresidente de la Nación.
Todas estas acciones no motivaron una revisión de lo actuado por parte del Ejecutivo, no generaron actuaciones disciplinarias y sólo hemos escuchado explicaciones contradictorias, y eso sólo en los casos donde decidieron brindarnos algo de información”, señaló esta tarde el titular del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR , Ricardo Gil Lavedra
“Hasta este día, el trámite express de 65 horas que el Ministerio de Economía le imprimió al expediente, la falta de certeza sobre la procedencia de los fondos aportados, la participación de sociedades irregulares y el nexo entre Vanderbroele, Martínez y Boudou, parecía ser sólo una operación de prensa. De hecho, apenas el asunto fue presentado a la opinión pública se negó cualquier vinculación con la empresa. En este tiempo, sin embargo, se le encomendó la impresión de boletas electorales, se produjo la renuncia del Procurador General de la Nación, se allanó una propiedad del vicepresidente y se desplazó al juez y el fiscal de la causa en medio de un escándalo y acusaciones cruzadas”, remarcó.
“Por estas razones –continuó-, recibimos con preocupación el anuncio de la decisión del Gobierno de intervenir Compañía de Valores Sudamericana y remitir al Congreso un proyecto de ley para declararla de utilidad pública y sujeta expropiación. Los mismos argumentos que antes se utilizaban para justificar la contratación, se esgrimen ahora para defender una postura diametralmente opuesta, sin que las circunstancias se hayan modificado. Al día de hoy, por caso, se persiste en la negativa a informar quiénes son los dueños de CVS. Nuestro bloque, al igual que otros, ha propuesto la expropiación, pero con el fin de dotar de más transparencia la acuñación de moneda, no de sepultar cualquier posibilidad de que los funcionarios sean responsabilizados”.
Por último, el diputado radical aseguró: “Queremos y merecemos conocer la verdad sobre lo sucedido y que los funcionarios involucrados asuman la responsabilidad que les corresponda. Es evidente que nada de esto lo conseguiremos mediante auditorías realizadas en las sombras y con resultados que, como sucedió con TBA, nunca son difundidos. Por ello solicitamos a los funcionarios a cargo de la investigación, que adopten los recaudos que estén a su alcance para garantizar que ésta no se vea entorpecida. Y exigimos, una vez más una explicación oficial sobre los acontecimientos y el por qué de este comportamiento errático”.
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