A partir de un informe de la Auditoría General de la Nación, el radicalismo denunciará a los siete funcionarios del gobierno nacional por los delitos de desvío de fondos (peculado), administración fraudulenta, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Administración de Programa Especiales (APE).
La recientemente reformada APE era la encargada de manejar los millonarios fondos para tratamientos complejos que realizan las obras sociales sindicales. Ese departamento se vio envuelto en un escándalo por las irregularidades en la distribución de dinero en la causa de la mafia de los medicamentos.
El diputado y ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el senador José Cano realizarán la denuncia contra la titular de la SSS, Liliana Korenfeld; el gerente general de la APE, Martín Alves; el ex director del Hospital Argerich, Donato Spaccavento; el anterior director de la SSS, Ricardo Bellagio; el ex coordinador de sistema del área, Cristian Asorey; el ex gerente de control de gestión, David Aragón; y el auditor Alejandro Ferrari.
Según el informe de la Auditoría General de la Nación, "en el 73,71% de los expedientes evaluados, por un monto total de $16.424.415,20 se aconseja la rendición de cuentas existiendo faltantes de la documentación respaldatoria de la aplicación de fondos, tales como facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.".
Incluso, denuncian que "en algunos de los expedientes que sí registraban dicha documentación surgen dudas respecto de su validez en el orden de las firmas y en la tipología de las prescripciones, recetas y recibos".-
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